"CAMBIEMOS", DIJO MACRI, Y VA POR GILS CARBÓ POR DECRETO

Acabo de leer una nota de La Nación donde se afirma que van por la Procuradora General y que es una cuestión decidida por el presidente electo y su entorno, que estaría preparando un decreto de necesidad y urgencia. También dicen que se le abrirá otro frente en Comodoro 3,14. 

Me gustaría saber cómo funciona eso de “comenzaron a exhumar numerosas causas que comprometen a la procuradora”. ¿Por qué razón las mantuvieron “dormidas”? El fiscal y el juez federales que fueron “fuente” de esa nota, ¿por qué no dijeron nada cuando sus colegas las “cajonearon”?

Ayer se publicó un trabajo en el blog “Todo sobre la Corte”. Sin embargo, la opinión allí volcada en el post “Inamovilidad, divino tesoro” no justifica ningún decreto presidencial, sea o no de necesidad y urgencia, que destituya a la procuradora.

Con cita de los fallos “Molinas c/Nación Argentina” y “Solá” (Fallos 320:509), se afirma sin dudarlo que no se puede someter a juicio político a quienes no están enumerados en el actual art. 53, CN.

Sin embargo, varias circunstancias impiden que esos precedentes sean aplicables al caso de la actual Procuradora General. En primer lugar, en el caso “Molinas” se trataba de la remoción del titular de la Fiscalía Nacional de investigaciones administrativas. En segundo término, pues en ese momento de nuestra historia institucional, el Ministerio Público pertenecía al Poder Ejecutivo. En tercer lugar, pues al momento de los hechos no se había reformado la CN. Es decir que se estaba interpretando la facultad del ejecutivo de remover a un funcionario de su propio poder, interpretando la ley 21.383, hoy derogada, que regulaba la Fiscalía nacional de investigaciones administrativas en el marco del poder ejecutivo. Lo mismo sucede con el caso “Solá”. En el caso se trataba de la remoción de dos fiscales adjuntos por parte del presidente y, como señaló la CSJN, no era similar al caso “Molinas”. Lo que se discutió fue si el acto de remoción, como acto administrativo, cumplía con sus propios requisitos.

Nuevamente, no se discutió el art. 120 de la Constitución Nacional ni las leyes orgánicas del ministerio público posteriores a la reforma. Por este motivo, los precedentes no son aplicables al caso. ¿Cuáles son las diferencias, entonces, con la situación actual?

1) El art. 120 de la Constitución dispone que el ministerio público debe ser un órgano independiente. En este contexto constitucional, ¿es posible que la designación y la remoción del Procurador General dependan de la voluntad presidencial, sea que exprese o no la causa?

2) El ministerio público es un órgano extrapoder. Si dicho órgano debe ser independiente y autónomo, ¿es posible que se someta a sus titulares a la voluntad del titular del poder del cual se lo separó constitucionalmente? ¿Qué valor se le asigna, entonces, a la decisión del constituyente de crear un órgano extra-poder (ajeno al poder ejecutivo)?

3) Tengamos en cuenta, además, el sacrosanto principio de independencia judicial. En toda la jurisprudencia constitucional, se sustenta el principio en dos valores: la estabilidad en el cargo y la intangibilidad de las remuneraciones.

4) Esos valores sí forman parte del texto constitucional. En el supuesto de la intangibilidad de las remuneraciones, ese principio se menciona expresamente en el texto constitucional. ¿Y qué sucede con la estabilidad en el cargo y con el proceso de remoción? ¿No está previsto en la CN? Sí lo está. Atiéndase al art. 120. Allí luego de mencionar la independencia, se concluye el artículo mencionando que los miembros del MP “gozan de inmunidades funcionales”.

La Constitución, así, reconoce expresamente que los miembros del MP gozan de inmunidades, en plural. ¿Cuáles son estas inmunidades? Veamos, ahora sí, los precedentes que se citan en Todo sobre la Corte:

La CSJN, al discutir la exigencia del juicio político en el caso "Molinas", utiliza expresamente el término “inmunidades”. La misma terminología es utilizada en el fallo “Solá”.

Esta circunstancia, unida al contexto del art. 120 de la Constitución, y a las demás que hemos enunciado, conducen a una única conclusión. La Procuradora General, actualmente, sí goza de estabilidad en su cargo y, además, podría ser destituida por juicio político o por algún otro proceso constitucional que debe ser regulado por ley. Actualmente, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal nº 27.148 dispone la estabilidad en el cargo hasta los 75 años (art. 72) y la remoción del procurador general por juicio político (art. 76). A menos que esa ley sea declarada inconstitucional por un tribunal, debe ser respetada.

Es impensable que el texto constitucional mencione la independencia del MP, las inmunidades funcionales de sus miembros, la intangibilidad de sus remuneraciones y que, al mismo tiempo, deje librado al humor y voluntad del presidente la decisión de remover de su cargo a quien dirige el ministerio público fiscal.

Finalmente, aun si no se estuviera de acuerdo con esta interpretación, no puede ignorarse que el procedimiento de remoción debe respetar las garantías judiciales y debe ser tramitado ante un órgano que garantice el respeto de su independencia.

Lo que seguro no debería suceder es que la actual Procuradora General de la Nación sea destituida por el presidente y por decreto.