EL PRIVILEGIO DE SER JUEZ (II). Cómo comparar lo incomparable...

El motivo por el cual los jueces nacionales y federales no pagan impuesto a las ganancias es, hoy, una decisión administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: la Acordada 20/96. Esta acordada fue adoptada el 11 de abril de 1996 por los ministros Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo Bossert. Por supuesto, por unanimidad.

Antes de que se dictara la acordada, la ley de impuesto a las ganancias comprendía las retribuciones de los jueces federales y nacionales. En su artículo 20, sin embargo, se declaraba exentos de dicho tributo a “los sueldos de todos los jueces del Poder Judicial de la Nación y de los funcionarios judiciales que tuvieran asignadas retribuciones iguales o superiores a los jueces de primera instancia” (Acordada 20/96, cons. 1).

La lay nº 24.631 derogó, a partir del 1º de enero de 1996, las disposiciones del artículo 20 de la ley del impuesto a las ganancias que establecían esa exención a jueces y funcionarios del poder judicial nacional. Es decir que se había dispuesto por ley formal del Congreso Nacional que se eliminaría la exención de pagar ganancias a jueces y funcionarios judiciales.

¿Cuál fue la reacción del poder judicial? La Corte Suprema se autoconcedió la facultad inexistente de declarar inválida una ley del Congreso sin que existiera un caso judicial, de oficio y por una resolución administrativa, y los jueces y funcionarios judiciales cuya exención se eliminó por ley, jamás cumplieron con su obligación tributaria.

En la Acordada 20/96 se citó tanto el fallo Fisco Nacional c. Rodolfo Medina (1936) de la propia Corte nacional como el caso de la Corte Suprema estadounidense Evans v. Gore 253 US 245 (1920). Las diferencias entre este último caso y la Acordada son notorias. Entre ellas:

• Evans v. Gore fue un caso judicial, mientras la Acordada 20/96 fue dictada de oficio y sin caso.

• En Evans v. Gore se reconoció el problema del interés personal de los jueces de la Corte estadounidese con la cuestión a resolver, al mismo tiempo que se destacó que si no abría el caso, el demandante no tenía posibilidad legal de acudir a ningún otro tribunal. En la Acordada ni se menciona el interés personal de los ministros que la firmaron con el objeto de la resolución.

• En Evans v. Gore se invalidó una ley del Congreso con una decisión judicial en un caso concreto. Por la doctrina del stare decisis propia del derecho estadounidense, el principio establecido en el caso debía ser aplicado por la misma Corte Suprema federal, y por los tribunales federales inferiores, a todos los casos futuros con los mismos hechos. En la Acordada 20/96, nuestra Corte Suprema estableció en su decisión consecuencias generales idénticas a las de una ley derogando, a los efectos prácticos, una ley del Congreso Nacional, facultad de la cual carece.

• En Evans v. Gore, tanto los jueces de la Corte Suprema federal como los demás jueces federales pagaron el impuesto legalmente establecido. De hecho, el juez demandante ya había pagado y reclamaba la devolución del importe. En el caso de la Acordada 20/96, ningún juez ni funcionario había pagado nada.

• En Evans v. Gore se resolvió exclusivamente la cuestión del ingreso de los jueces que estaban en su cargo con anterioridad a la ley que imponía el pago del impuesto. En la Acordada 20/96 se incluyó a todos los funcionarios judiciales exentos en la ley de ganancias antes de la ley 24.631 que no son mencionados en la Constitución Nacional, y se aplica aun a los jueces que han asumido el cargo después de entrar en vigencia la ley.

Un dato muy interesante es el que aporta el caso Evans v. Gore. El juez Taney narra cómo había actuado la Corte Suprema estadounidense frente a una situación idéntica a que generó nuestra Acordada 20/96. A continuación un resumen de ese relato:

En los EE.UU, no había habido intentos de gravar las retribuciones de los jueces federales hasta 1862. Ese año, una ley que imponía un pago del 3 % de los ingresos de todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos fue interpretada por los agentes tributarios en el sentido de que incluía las remuneraciones del presidente y de los jueces federales.

El presidente de la Corte Taney, entonces, escribió una nota de protesta al Secretario del Tesoro quejándose de la interpretación realizada, y diciendo que el poder de reducir las retribuciones de los jueces que ya habían asumido su cargo había sido excluido expresamente de los poderes del Congreso, y lo que el impuesto causaba en la práctica era una disminución del salario de los jueces en un 3 %. En el final de la nota, el juez Taney decía:

“Por estos motivos, yo considero que una ley del Congreso que retiene para el Tesoro una porción de las remuneraciones de los jueces es inconstitucional e inválida”.

El cobro del impuesto continuó, y por sugerencia del juez Taney, la Corte ordenó que la nota se agregara a sus archivos. En 1869, el Secretario del tesoro remitió la cuestión al Procurador General, quien dictaminó en sentido sustancialmente coincidente con la protesta del juez Taney. El impuesto, entonces, dejó de aplicarse a las retribuciones de los jueces. Pero por una decisión ajena a ellos.

Hasta aquí algunas de las diferencias del trato de la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces entre su desarrollo en los Estado Unidos y en nuestro país. En próximas entradas trataremos otros aspectos de este tema.