EL GARANTISMO, LA MANO DURA Y EL “JUSTO MEDIO”

El garantismo, la mano dura y el “justo medio”

Hay quienes dicen que el concepto de “garantismo” utilizado en términos peyorativos es propio del “saber popular”. Sin embargo, los especialistas en cuestiones de seguridad lo invocan recurrentemente, y en un pretendido sentido técnico.

En esta entrada, por ejemplo, alguien que se define como “experto” en seguridad, abogado y con un doctorado en “Justicia criminal”, carga contra el garantismo y el abolicionismo.

También hablando de seguridad, el fiscal Ricardo Sáenz vincula directamente el “garantismo” con la inseguridad . Además, lo define de una manera muy particular:

El garantismo (convertido muchas veces en verdadero abolicionismo) parte de la premisa de que la culpa por la comisión de los delitos recae sobre la sociedad toda, por no haber brindado otras oportunidades de desarrollo a los delincuentes. Así, la aplicación de la pena estatal pierde gran parte de su legitimidad.

A continuación, ubica su propuesta como instrumento de “fortaleza institucional y plena vigencia de las garantías”, que se ubicaría —según surge del texto— entre el “garantismo” y las políticas de “mano dura”. Termina destacando que:

En los últimos años hemos asistido a una fabulosa tergiversación de los argumentos políticos y jurídicos en materia de inseguridad que, de la mano de estos postulados “garantistas”, se ha sumado como un capítulo más a un relato de las cuestiones esenciales del país.

Por su parte, el próximo Secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, ha dicho:

... que su gestión no se caracterizará ni por el garantismo ni por la mano dura sino por la "mano justa"...

Esta mano “justa”, en verdad, carece de contenido, pues remitir al criterio de justicia no permite conocer de qué se trata, y genera un ámbito de discrecionalidad.

Finalmente, veamos cuáles son los rasgos esenciales del “garantismo”. Rafecas dice:

Precisamente, el garantismo penal es la corriente de pensamiento que, básicamente a través de la crítica simultánea de las normas penales ineficaces y de las prácticas penales inválidas, tiende a reducir la brecha entre el plano normativo y lo que acontece en la realidad, entre el “deber ser” y el “ser” en el ámbito de la penalidad. 

El garantismo presupone el abuso de los órganos del Estado y la necesidad de someterlos a control para evitar los abusos mediante el sistema de garantías. Consiste, esencialmente, en reducir la brecha siempre existente entre el programa jurídico constitucional y las prácticas reales de la administración de justicia penal. Se propone, ante ese contexto, el respeto efectivo del conjunto de garantías penales y procesales ya formuladas durante la Ilustración. Se pretende que el esquema de derechos fundamentales no se respete solo a nivel formal sino, además y especialmente, en sentido sustancial.

Resulta evidente que desde cierto discurso de seguridad pública se continúan demonizando los mecanismos de protección y garantía de nuestros derechos fundamentales para relativizarlos.

En este contexto, el “justo medio” aristotélico cumple una función tramposa, ya que coloca al programa que propone el cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en un extremo, oponiéndolo a las políticas de mano dura y, al mismo tiempo, equiparándolos a ambos en su carácter negativo, no deseable.

Una vez que aceptamos este presupuesto “geográfico”, podemos justificar, entonces, la devaluación del valor de las garantías, y las leyes y prácticas que vulneran derechos y libertades.

El problema es que no se puede ser “medio” garantista, O aceptamos la tortura o la rechazamos. No se puede justificar “un poco” de tortura; no se puede ignorar “a medias” el principio de inocencia, o vulnerar “un poquito” el principio de legalidad, se trata de límites absolutos al ejercicio del poder del Estado. Resulta dudoso que no existan derechos absolutos. El derecho a no ser sometido a esclavitud, a no ser sometido a tormentos, el acceso a un tribunal independiente, competente e imparcial, entre otros, no admiten excepciones. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha dicho que el “requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna (Comité, Observación General Nº 32, 2007, párr. 19).

No estamos proponiendo el abolicionismo penal radical cuando defendemos un modelo que respete los límites constitucionales y convencionales en el diseño y las prácticas de persecución y aplicación del derecho penal. Estamos reclamando que se cumpla, mínimamente, con el programa que nuestros constituyentes establecieron ya en 1853, y que jamás ha sido cumplido.

El concepto de “justo medio” o de “mano justa” que ha prometido el próximo Secretario de Seguridad, en este sentido, se aparta del respeto de las garantías fundamentales, descalificándolas, y al mismo tiempo promete que sobre los habitantes solo recaerán “manos justas”. Lo que no sabemos es si eso se trata de una promesa o de una amenaza.