LA DISPUTA POR LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Lorenzetti pretendía que la Oficina Anticorrupción (OA) fuera absorbida por el poder judicial —¿dentro de la Corte Suprema?—.

Desde su creación, la OA ha generado debates. Es necesario destacar que luego de un arranque promisorio en sus primeros años, esta oficina no tiene mucho sentido actualmente. La actual titular de la OA, Laura Alonso, parece desempeñarse como defensora de los funcionarios oficialistas, y ya el hecho de pertenecer al mismo partido en el gobierno genera suspicacias de todo tipo.

Pensemos que la reforma constitucional de 1994 ha dado independencia (con autonomía funcional y autarquía financiera) al ministerio público (art. 120, CN), entre otras razones, porque se desconfía de un órgano encargado de la persecución penal que dependa del poder ejecutivo.

En este contexto, crear una Oficina Anticorrupción, cuya competencia consiste en investigar, denunciar y perseguir a los agentes del poder ejecutivo, y colocarla en la órbita de poder ejecutivo es un sinsentido. Más allá de ello, no tiene sentido su intervención como querellante en causas por delitos de acción pública que ya deben ser perseguidos de oficio por el ministerio público fiscal, no solo porque es un dispendio de recursos sino, además y especialmente, porque genera un desequilibrio procesal entre la defensa y los acusadores.

Si hay problemas de impunidad en ese tipo de delitos, lo que se debe hacer, en todo caso, es fortalecer a los órganos competentes del ministerio público fiscal.

Ello significa que la pertenencia de la OA al poder ejecutivo es un problema en sí mismo, dado que debe perseguir penalmente a funcionarios del ejecutivo que siempre tendrán la posibilidad de presionar para que no avancen las investigaciones en su contra.

Es por eso que las afirmaciones del gobierno sobre los motivos de la Corte de reclamar la OA para el poder judicial son inverosímiles:

Al Gobierno no lo tomó por sorpresa el pedido. Y lo vinculan a que "en la OA hay investigaciones que tocan a cuatro jueces federales", por las que se evalúan hacer presentaciones en el Consejo de la Magistratura...

"Molesta que la OA pertenezca al Ejecutivo y esté en los expedientes porque los jueces saben que, además de impulsar la causa, la OA puede controlar su desempeño", expusieron desde el Gobierno. "En las demoras y el manejo poco transparente de algunos magistrados se explica parte del fracaso y de la impunidad en las causas de la corrupción", completaron (ver nota). 

Ahora bien, la propuesta de Lorenzetti de que la OA pase a pertenecer al poder judicial es más absurda aún.

Las funciones que cumple la OA resultan completamente ajenas a la competencia del poder judicial. La persecución penal corresponde al ministerio público. Por eso es absurdo que el poder ejecutivo, sea a través de la OA, o a través de cualquier otro órgano, se transforme en querellante en los delitos de acción pública.

Por otra parte, Lorenzetti parece tener la curiosa idea de que la Corte se puede dedicar a tareas de investigación y persecución de ciertos delitos, en la medida en que a él le parezcan graves y que ha llegado el momento de perseguirlos. Algo similar ha hecho con esa comisión creada para involucrarse en la "lucha" contra la droga[1]. Hoy quiere hacer lo mismo con los hechos de corrupción.

La OA no podría funcionar en el marco de poder judicial porque ni es ni puede ser función del poder judicial la persecución del delito, por más interesado que Lorenzetti esté. Mientras tanto, el poder ejecutivo...

El Gobierno oficializó hoy el plan de acción de la Oficina Anticorrupción y se adelantó así al pedido que, como publicó Clarín días atrás, realizará la Corte Suprema con el objetivo de absorber al organismo (ver nota). 

Más allá de ello, Lorenzetti tampoco logró que los jueces hicieran una autocrítica...

Pero el resultado está lejos de honrar aquellas palabras. Apenas un largo desahogo de cuestiones atribuibles a terceros y algunas sugerencias cosméticas que ni siquiera rozaron la más básica de las demandas: una simple ampliación del horario de atención al público. No faltaron, en cambio, malentendidos, tironeos y operaciones.

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"Fue bastante desalentador. Entendemos que era difícil pulir grandes ideas en tan poco tiempo, pero como la convocatoria había sido previa creímos que al menos habría un espíritu autocrítico para pensar cómo mejorar. Eso no existió", se lamentaba esta semana un funcionario cercano a los ministros de la Corte. Las tibias propuestas que de antemano habían enviado algunas asociaciones de magistrados —a las que tuvo acceso este diario— alimentan esa conclusión.

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"Fue difícil salir de la queja y más aún plantear la necesidad de algunos cambios concretos. Esto habla también del nivel intelectual de nuestros jueces, que se tomaban personalmente las críticas al funcionamiento de los tribunales y reaccionaban con una defensa corporativa hasta en los temas más generales", contó a Clarín un camarista federal que participó de los encuentros (ver nota). 

Como era de esperar, hubo "un largo desahogo de cuestiones atribuibles a terceros", la típica respuesta judicial frente a cualquier crítica sobre el desempeño de nuestros jueces. Es una extraña habilidad que se adquiere en cuanto los designan jueces... Si Lorenzetti ha depositado sus esperanzas de cambio en ellos, nada cambiará, porque ellos nunca tienen la culpa de nada...

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[1] En la página del CIJ se puede leer: Destacó también que la naturaleza de estos delitos, cuya cadena y organización supera la jurisdicción de un único tribunal, y su gran complejidad de investigación, exige que se extremen los esfuerzos de todas las autoridades a fin de obtener los mejores resultados. “Que el esfuerzo individual de jueces y juezas de todo el país necesita ser complementado con la colaboración concreta de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, y otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional y Provinciales en una actuación conjunta”, añadió (destacado agregado).