Lorenzetti pretendía que la Oficina Anticorrupción (OA) fuera
absorbida por el poder judicial —¿dentro de la Corte Suprema?—.
Desde su creación, la OA ha generado debates. Es
necesario destacar que luego de un arranque promisorio en sus primeros años,
esta oficina no tiene mucho sentido actualmente. La actual titular de la OA,
Laura Alonso, parece desempeñarse como defensora de los funcionarios
oficialistas, y ya el hecho de pertenecer al mismo partido en el gobierno
genera suspicacias de todo tipo.
Pensemos que la reforma constitucional de 1994 ha dado independencia
(con autonomía funcional y autarquía financiera) al ministerio público (art.
120, CN), entre otras razones, porque se desconfía de un órgano encargado de la
persecución penal que dependa del poder ejecutivo.
En este contexto, crear una Oficina Anticorrupción, cuya
competencia consiste en investigar, denunciar y perseguir a los agentes del
poder ejecutivo, y colocarla en la órbita de poder ejecutivo es un sinsentido.
Más allá de ello, no tiene sentido su intervención como querellante en causas
por delitos de acción pública que ya deben ser perseguidos de oficio por el ministerio
público fiscal, no solo porque es un dispendio de recursos sino, además y
especialmente, porque genera un desequilibrio procesal entre la defensa y los
acusadores.
Si hay problemas de impunidad en ese tipo de delitos, lo
que se debe hacer, en todo caso, es fortalecer a los órganos competentes del
ministerio público fiscal.
Ello significa que la pertenencia de la OA al poder
ejecutivo es un problema en sí mismo, dado que debe perseguir penalmente a
funcionarios del ejecutivo que siempre tendrán la posibilidad de presionar para que no avancen las investigaciones en su contra.
Es por eso que las afirmaciones del gobierno sobre los
motivos de la Corte de reclamar la OA para el poder judicial son inverosímiles:
Al
Gobierno no lo tomó por sorpresa el pedido. Y lo vinculan a que "en
la OA hay investigaciones que tocan a cuatro jueces federales", por
las que se evalúan hacer presentaciones en el Consejo de la Magistratura...
"Molesta que la OA
pertenezca al Ejecutivo y esté en los expedientes porque los jueces saben que,
además de impulsar la causa, la OA puede controlar su desempeño",
expusieron desde el Gobierno. "En las demoras y el manejo poco
transparente de algunos magistrados se explica parte del fracaso y de
la impunidad en las causas de la corrupción", completaron (ver nota).
Ahora bien, la propuesta de Lorenzetti de que la OA pase
a pertenecer al poder judicial es más absurda aún.
Las funciones que cumple la OA resultan completamente
ajenas a la competencia del poder
judicial. La persecución penal corresponde al ministerio público. Por eso es
absurdo que el poder ejecutivo, sea a través de la OA, o a través de cualquier
otro órgano, se transforme en querellante en los delitos de acción pública.
Por otra parte, Lorenzetti parece tener la curiosa idea de que la Corte
se puede dedicar a tareas de investigación y persecución de ciertos delitos, en
la medida en que a él le parezcan graves y que ha llegado el momento de
perseguirlos. Algo similar ha hecho con esa comisión creada para involucrarse
en la "lucha" contra la droga[1].
Hoy quiere hacer lo mismo con los hechos de corrupción.
La OA no podría funcionar en el marco de poder judicial
porque ni es ni puede ser función del poder judicial la persecución del delito,
por más interesado que Lorenzetti esté. Mientras tanto, el poder ejecutivo...
El
Gobierno oficializó hoy el plan de acción de la Oficina Anticorrupción y se adelantó
así al pedido que, como publicó Clarín días atrás,
realizará la Corte Suprema con el objetivo de absorber al organismo (ver nota).
Más allá de ello, Lorenzetti tampoco logró que los jueces
hicieran una autocrítica...
Pero
el resultado está lejos de honrar aquellas palabras. Apenas un largo desahogo de
cuestiones atribuibles a terceros y algunas sugerencias cosméticas que ni
siquiera rozaron la más básica de las demandas: una simple ampliación del
horario de atención al público. No faltaron, en cambio, malentendidos, tironeos y
operaciones.
...
"Fue
bastante desalentador. Entendemos que era difícil pulir grandes ideas en tan
poco tiempo, pero como la convocatoria había sido previa creímos que al menos
habría un espíritu autocrítico para pensar cómo mejorar. Eso no existió", se
lamentaba esta semana un funcionario cercano a los ministros de la Corte. Las
tibias propuestas que de antemano habían enviado algunas asociaciones de magistrados
—a las que tuvo acceso este diario— alimentan esa conclusión.
...
"Fue
difícil salir de la queja y más aún plantear la necesidad de algunos cambios
concretos. Esto habla también del nivel intelectual de nuestros jueces, que se tomaban
personalmente las críticas al funcionamiento de los tribunales y reaccionaban
con una defensa corporativa hasta en los temas más generales", contó a Clarín un camarista
federal que participó de los encuentros (ver nota).
Como era de esperar, hubo "un largo desahogo de
cuestiones atribuibles a terceros", la típica respuesta judicial frente a
cualquier crítica sobre el desempeño de nuestros jueces. Es una extraña
habilidad que se adquiere en cuanto los designan jueces... Si Lorenzetti ha
depositado sus esperanzas de cambio en ellos, nada cambiará, porque ellos nunca
tienen la culpa de nada...
[1] En la página del CIJ se puede leer: Destacó también que la
naturaleza de estos delitos, cuya cadena y organización supera la jurisdicción
de un único tribunal, y su gran complejidad de investigación, exige que se
extremen los esfuerzos de todas las autoridades a fin de obtener los mejores
resultados. “Que el esfuerzo individual
de jueces y juezas de todo el país necesita ser complementado con la
colaboración concreta de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, y
otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional y Provinciales en una actuación
conjunta”, añadió (destacado agregado).
2 comentarios:
Alberto: Me parece que tu análisis inicial ha omitido la mayor parte de las competencias y atribuciones de la OA que son las que no solo justifican sino que imponen su pertenencia al Poder Ejecutivo. Te has centrado en sus funciones de investigación administrativa y representación del Estado en juicios penales. Esta facultad puede no existir, pero si existe, por definición, corresponde al poder administrador. El diseño institucional de los organismos de políticas de transparencia y anticorrupción en todo el mundo tiene una complejidad tal que no existen fórmulas preconcebidas ni indiscutible. Lamento que el debate haya comenzado comentando la pertenencia partidaria de la titular del organismo y no sus funciones, atribuciones y sentido de política general. Por ese camino es muy difícil todo.
Párrafo aparte en lo personal, cierta entronización de los órganos "autónomos y independientes" que en el caso de nuestra experiencia judicial no parece justificada, después dela triste historia del "super independiente" Ministerio Público Fiscal, que desde su consagración constitucional como "funcionalmente autónomo" acredita el record de 25 años de Procuradores de oficialistas a hiperoficialistas.
Un abrazo grande
Ignacio:
Estoy de acuerdo con vos en que esa facultad debe corresponder al poder administrador, de hecho, yo estoy a favor de esa opción, pero la autonomía del MPF es una decisión constitucional (con la que no estoy de acuerdo). Y que ha demostrado no funcionar. Sucede lo mismo con el Consejo de la Magistratura y con muchos jueces.
Tenés mucha razón en que me he centrado en las funciones de investigación y persecución de la oficina, pues es la que mayores problemas genera.
Gracias por tu comentario abrazo,
AB
Publicar un comentario