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12 sep. 2016

PRISIÓN PREVENTIVA Y REFORMA CORDOBESA





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El 24 de agosto de 2016, la Legislatura cordobesa aprobó la ley 10.366, que modifica el Código procesal penal de la provincia (ley 8.123). Se trata de las reglas referidas al encarcelamiento preventivo. La ley modificó los artículos 268 y 281 del CPP cordobés (ley 8.123) y agregó dos nuevos artículos. El texto de los artículos 268 y 281 quedó así:




De los dos nuevos artículos, el 281 bis enuncia los “indicios” de los cuales se podrá inferir el peligro de fuga, varios de los cuales resultan problemáticos. Entre otros, las “facilidades para abandonar el país o permanecer oculto”, como uno de los factores vinculados con el arraigo, concepto desde ya cuestionable en relación con el peligro de fuga. El hecho de que el imputado pueda abandonar el país no permite determinar la existencia de ningún peligro. La “posibilidad” es algo bien distinto a la “probabilidad”.

El segundo artículo que se agrega es el 281 ter. Éste enuncia, ya no los indicios, sino las acciones que justifican la existencia del “peligro procesal de entorpecimiento de la investigación”. Éstas conductas serían:

a) Destruir, alterar, suprimir o falsificar elementos de prueba;

b) Influir para que testigos, víctimas o peritos informen falsamente, o sean desleales o reticentes;

c) Inducir a otros a las acciones de los literales a) y b); y

d) Incumplir con las limitaciones impuestas al imputado que permanece en libertad (fijar y mantener domicilio, concurrir a las citaciones, no salir de la ciudad, abstenerse de concurrir a ciertos sitios, etc.).

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Ahora bien, recordemos que para que se dicte la prisión preventiva, según el texto aprobado, debe haber indicios vehementes de peligro procesal que deben ser acreditados en el caso concreto. En palabras de la Corte Interamericana:

... En razón de ello, la privación de la libertad a que fue sometido el señor Alfredo López Álvarez fue también consecuencia de lo dispuesto en la legislación procesal penal. Dicha legislación ignoraba la necesidad, consagrada en la Convención Americana, de que la prisión preventiva se justificara en el caso concreto, a través de una ponderación de los elementos que concurran en éste, y que en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar sea determinada por el tipo de delito que se impute al individuo” (Corte IDH, caso López Álvarez vs. Honduras, Sentencia de 1º de febrero de 2006, párr. 81, destacado agregado).

El problema, en este sentido, es el de los criterios que se han tenido en cuenta para considerar la “eventual existencia del peligro” de influir sobre testigos y víctimas. En este punto, el art. 281 ter, inc. b, permite “inferir” dicho peligro de dos circunstancias: a) el “temor que el estado de libertad del imputado pueda infundir en la víctima y/o testigos durante el proceso”; y b) el lugar que el imputado hubiere ocupado en la cadena de comercialización si se trata de delitos de la ley de drogas.

El art. 281 ter, inc. 3, es aplicable a casos de influencia sobre víctimas, testigos y peritos cuando se trata de situaciones de violencia de género. En estos casos, se permite la inferencia del peligro a partir de dos circunstancias: a) la escalada de violencia (reiteración de hechos violentos en el mismo proceso, en proceso anterior, o en proceso que se encuentre en trámite); y b) el “temor que el estado de libertad del imputado pueda infundir” en la víctima y/o testigos.

El inc. 3, por último, agrega que en estos casos de violencia de género, se “deberán tener presentes los derechos reconocidos, los deberes impuestos al Estado y las directrices que forman parte de las Convenciones y Tratados Internacionales [¡saquen esas mayúsculas!] que gozan de jerarquía constitucional”.

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Hasta aquí las reformas realizadas por la ley 10.366. Aparentemente, las modificaciones parecerían estar orientadas a limitar el uso del encarcelamiento preventivo a su finalidad exclusivamente procesal, y a exigir que las decisiones sobre la privación de libertad cautelar sean fundadas en cada caso particular, tal como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es decir que se debe demostrar en cada caso la existencia de un peligro procesal y, además, se debe justificar la real necesidad del encarcelamiento.

Ello significa que los tribunales, antes de detener preventivamente al imputado deben, necesariamente, verificar la existencia de hechos y circunstancias objetivos del caso que habilitarían la aplicación de esa medida cautelar.

Sin embargo, las reformas introducidas al código procesal penal cordobés difícilmente puedan conducirnos a esa meta. El régimen del encarcelamiento cautelar definido en la reforma legal, por el contrario, permitirá su uso más extendido, contrariando las exigencias constitucionales e internacionales. La utilización de “indicios” y “presunciones” que el texto legal permite, en este sentido, son herramientas pensadas para omitir, precisamente, la necesidad de verificar los requisitos convencionales que exige el encarcelamiento de personas sin sentencia firme.

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La detención se ha aplicado y se continúa aplicando fundada exclusivamente en el mérito sustantivo de la imputación, esto es, solo porque se sospecha que el imputado ha cometido un delito. De allí las altísimas tasas de presos sin condena de la población carcelaria. ¿Cómo ha sido posible esta situación? Entre otras razones, debido al texto legal de los códigos procesales.

Los primeros sistemas de legislación procesal regulaban la detención cautelar mediante rígidas presunciones legales que no admitían prueba en contrario. De este modo, los legisladores impusieron a los jueces el deber de ordenar la detención en determinados casos. En estas legislaciones, se prevé que si la pena que se impondría en caso de ser declarado culpable es privativa de libertad de cumplimiento efectivo, o si el monto máximo de la pena del hecho imputado excediera cierto número de años, el juez debe deberá ordenar el encarcelamiento preventivo. Se trata de presunciones legales que no admiten prueba en contrario.

Una segunda versión de este sistema se aplica a través de una interpretación judicial que considera que estas presunciones admiten prueba en contrario. Los fallos “Díaz Bessone” (CFCP) y “Loyo Fraire” (CSJN).

Las presunciones legales sobre existencia de peligros procesales —sin importar si admiten o no prueba en contrario— son siempre ilegítimas, pues invierten la carga de la prueba. Si el principio de inocencia exige una sentencia firme de condena para privarnos de libertad, no se puede burlar esta exigencia porque el legislador menciona una circunstancia determinada referida a la imputación, que no tiene que ser demostrada.

Si el imputado es jurídicamente inocente, los órganos de la justicia penal deben invocar y demostrar que existen elementos y razones que podrían justificar el encarcelamiento anticipado de personas inocentes. Toda la jurisprudencia internacional, en este sentido, exige que el tribunal verifique las razones y la necesidad de la detención cautelar. Es decir que no se pueden utilizar esos criterios legales como presunciones en sentido técnico, pues ello permitiría la detención automática sin necesidad de una resolución fundada en los hechos y circunstancias del caso concreto.

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Sin embargo, éste es el sistema de regulación del encarcelamiento que se ha adoptado en la provincia de Córdoba. El mismo sistema ha sido adoptado, también, en el nuevo CPP Nación de estado jurídico incierto. ¿Está aprobado y no vigente, vigente pero suspendido, no vigente y suspendido?

En éste, se establece el carácter excepcional de la privación de libertad procesal y se regulan medidas cautelares alternativas al encarcelamiento (art. 268, CPP Córdoba). En el art. 281, por su parte, se establece la exigencia del mérito (sospecha) sustantivo de la imputación como presupuesto del análisis sobre la necesidad de la medida. Se dispone, también, el deber de invocar y demostrar la existencia del peligro procesal en el caso concreto.

En los dos artículos agregados se establecen circunstancias que podrán ser tomadas en cuenta en calidad de indicio como demostración del peligro procesal. La diferencia con el sistema anterior de presunciones legales consiste en que las circunstancias enunciadas no deben ser tomadas en cuenta necesariamente, sino que es decisión del juez si las considera o no lo hace. El texto legal dice que de cada una de ellas “podrá inferirse” el peligro procesal.

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Este sistema presenta dos graves problemas. En primer lugar, hay que determinar si las circunstancias mencionadas por el legislador son, en sí mismas, legítimas. Este problema también se presenta en la jurisprudencia que dispone el carácter iuris tantum de las presunciones legales (ver).

Sin importar si se trata de una presunción legal o no, los criterios establecidos para ser considerados en una resolución de encarcelamiento preventivo deben ser analizados. Ello pues el texto legal y las resoluciones judiciales suelen incluir circunstancias que nada tienen que ver con el peligro procesal, o cuya determinación o consideración resultaría ilegítima —v. gr., si son criterios propios de una decisión sustantiva, tales como la posible reiteración de hechos como los imputados—.

El segundo grave problema del texto legal consiste en el hecho de que las “inferencias” que se permiten son, técnicamente, presunciones sometidas a una condición: que el juez desee utilizarlas.

Cuando el juez invoque, por ejemplo, el temor que el estado de libertad del imputado le provoque a la víctima, no debe explicar nada más. Basta con verificar ese temor para considerar “demostrado” el peligro de entorpecimiento de la investigación que justificaría la detención preventiva. Ni siquiera debe analizar si dicho temor es racional. Si yo tengo miedo de que mañana me secuestre un marciano, mi temor es irracional y no podría ser considerado para decidir que se debe organizar un mecanismo de protección anti-marciano en mi casa.

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El mecanismo legislado establece el carácter optativo para el juez de la consideración de ciertos criterios con los cuales resolver sobre la libertad del imputado. Lo que es optativo, en este sistema, es el uso de determinado criterio. Una vez decidido el uso de un criterio, éste operará como una presunción legal que admite prueba en contrario.

Lo que ha hecho el legislador ha sido establecer circunstancias que sabe que serán utilizadas prácticamente como una presunción legal. De este modo, la exigencia de fundar la medida de coerción parecerá cubierta. De hecho, no lo estará. Cambiar el método de operación de una presunción en los casos concretos no modifica mucho. También evita que se exija a los jueces que funden realmente su decisión de detener anticipadamente a un imputado.


El nuevo texto legal permitirá que con la sola mención del temor de la víctima, por ejemplo, el juez ordene la detención preventiva. Al operar esa circunstancia como una presunción, el imputado tendrá que demostrar en contrario de las circunstancias consideradas por el tribunal. Con lo cual volvemos al sistema de la presunción que admite prueba en contrario. Y, en consecuencia, a una decisión infundada.



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