22 feb. 2014

GONZÁLEZ, ¡CÁLLESE LA BOCA O LO MANDO AL CONTAINER!




Los funcionarios responsables de la "containerización" de la educación pública en la CABA, ¿mandan a sus hijos a estas escuelas?





Les paso un fallo doloroso donde se constata la improvisación que existe en las escuelas de la CABA. Tengo a mis tres hijos allí. Da mucha bronca tanto descuido por los chicos.
Abrazo, Leo (Leonardo Filippini)




Ciudad Autónoma de Buenos Aires,      de febrero de 2014.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. El presente proceso de amparo es iniciado por Gerardo Arenas Peris y Patricia Fernanda Moranga, padres de un alumno de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Bronquen de Spangenberg, sita en Juncal 3251, con el fin de que se ordene subsanar una serie de irregularidades relativas a la situación del edificio escolar, que implican una transgresión al cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación de establecimientos educativos conforme a la normativa vigente en la materia, generando una situación de inseguridad y peligro para los alumnos de esa escuela dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A lo largo de la tramitación del amparo, se realizaron diversas inspecciones oculares, detectando numerosas infracciones a las normas de seguridad y prevención de incendios. Dichas irregularidades, de las que dan cuenta las actas obrantes a fojas 57/58, 318/324, 327/329, 401/402, 410/411, 478, 524/535, 961/966 y  los informes obrantes a fojas 179/180, 482/503, 929/94, motivaron el dictado de las medidas dispuetas a fojas 281/283 y a fojas  727.
II. Con fecha 19 de febrero de 2014 la señora Asesora Tutelar interviniente efectuó una presentación en autos denunciando que en la escuela que motivó el presente amparo “se estarían colocando aulas modulares para cubrir las vacantes insatisfechas en el nivel inicial”, y solicitando la realización de una inspección ocular con el fin de tomar conocimiento directo de las características de dichas aulas.  La medida peticionada fue ordenada por el suscripto mediante resolución de igual fecha, y fue llevada a cabo en el día de la fecha, con la presencia de la señora Asesora Dra. Mabel López Oliva, de la Secretaria de la Asesoria, y de la Secretaria de este Tribunal.
Durante la diligencia, de la que da cuenta el acta obrante a fojas 977/981, se pudo constatar que, efectivamente, a la escuela en cuestión fueron remitidos recientemente tres “containers” o módulos metálicos, de medidas extremadamente reducidas (aproximadamente 2m por 4m.), con una puerta de acceso y una sola ventana pequeña. Dos de esos “containers”  se encuentran emplazados en el patio del colegio, y el tercero, según lo informado por las autoridades escolares que participaron de la medida, no se encuentra todavía armado. También a simple vista se pudo verificar que se trata de sitios sumamente precarios, con los paneles que forman las paredes unidos de manera irregular, y con instalaciones eléctricas deficientes, con cables a la vista que se encuentran directamente apoyados sobre las estructuras metálicas.
Asimismo, de la información brindada al Tribunal durante la realización de la inspección ocular por la Vicerrectora de la escuela, Señora Stella Maris Schulte, y por la Arquitecta Silvia Rey, quien según manifestó se desempeña para el Ministerio de Educación de la CABA, se desprende que:
a) Los tres “containers” o módulos metálicos fueron enviados al establecimiento escolar por el Ministerio de Educación de la CABA, a principios de la semana en curso, con el fin de ser utilizados para el funcionamiento de tres salas de nivel inicial, como consecuencia de la mayor demanda de vacantes para ese nivel verificada para el año en curso. Posteriormente, y con motivo de una “asamblea” de padres y docentes de la escuela, las autoridades resolvieron no instalar salas de nivel inicial en los containers, y propusieron al Ministerio de Educación la reubicación de algunos espacios en el interior del edificio escolar.
b) La reubicación proyectada consiste en: el traslado de 3 aulas de primer grado, que actualmente funcionan en la planta baja del colegio contiguas al sector del nivel inicial, a un sector conformado por dos salas en donde actualmente funcionan la biblioteca de niños (para el nivel primario), y la biblioteca de enseñanza media (para el nivel secundario). Ambas bibliotecas se trasladarían a distintas dependencias del edificio, la de niños a un sector pequeño contiguo al laboratorio que está en el primer piso (en el lugar se observaron goteras que provienen de las bocas de luz ubicadas en el cielorraso), y la de nivel medio a un aula donde actualmente funciona la supervisión de enseñanza media. 
De ese modo las tres aulas de primer grado pasarían a ser utilizadas como salas del nivel inicial. A su vez, para separar el área de nivel inicial del área de enseñanza primaria y del hall de ingreso al establecimiento, se colocarían cerramientos metálicos de tipo rejas, vallados o mallas, y para contar con los baños necesarios para los niños que asisten al nivel inicial, se reformarían y reacondicionarían los baños de la planta baja: uno destinado a niños de nivel primario, y otro acondicionado para personas con discapacidad (que desaparecerá). 
Los containers, a su vez, serían colocados en el patio de la escuela, en un sector lindero a la sala de música, de manera integrada, conformando un único espacio de 45 metros cuadrados (siempre según lo manifestado por la vicerrectora y la arquitecta Ruiz), al que se proyecta trasladar la supervisión de enseñanza media, actualmente funcionando en un aula del segundo piso.
c) Las  autoridades del establecimiento no cuentan al día de la fecha con ningún plano de las obras proyectadas, manifestando la arquitecta Ruiz, que está “abocada a su confección” (a tal solo nueve días hábiles para el comienzo de clases).
III. La situación descripta en el apartado precedente revela la pretensión, por parte de las autoridades educativas locales, de solucionar la escasez de vacantes en las escuelas de nivel inicial del ámbito local, recurriendo a medios que además de resultar manifiestamente inadecuados, conllevan un riesgo inaceptable para los menores que cursan sus estudios en escuelas públicas, y que redundan en una flagrante violación a la obligación impuesta por el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al derecho a la educacion de los niños, niñas y adolescentes que habitan la ciudad o que concurren a sus escuelas.
La pretensión de hacer funcionar una sala de nivel inicial en un aula container absolutamente precaria, de escasos diez metros cuadrados, sin ventilación y sin luz natural, no puede ser admitida. Tampoco puede permitirse que a una semana del inicio de las clases se dé comienzo a una obra de modificación de la estructura edilicia del colegio sin que se hayan confeccionado los planos correspondientes, y se los haya sometido a la aprobación de las autoridades pertinentes y de los organismos que tienen a su cargo la prevención de incendios y la aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad edilicia.  Del mismo modo, la reubicación de las aulas no puede efectuarse en detrimento de otros sectores fundamentales para la educación, como son las bibliotecas.
En definitiva, la readecuación y refuncionalización que, según informaron la vicerrectora del establecimiento y la arquitecta Ruiz, se estaría llevando a cabo en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Bronquen de Spangenberg implicaría la modificación de estructuras edilicias sin la debida planificación, la afectación de espacios actualmente destinados a actividades esenciales en el proceso educativo, como son las bibliotecas y el sector de recreación del patio, y la utilización de los sectores reformados sin que se verifique el cumplimiento de las disposiciones exigibles en materia de seguridad y sin la previa aprobación por parte de los organismos pretinentes.
Todo ello revela una improvisación por parte de las autoridades educativas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de paliar la falta de vacantes y los problemas generados por el nuevo sistema de atribución de las mismas, que afecta gravemente el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación en un ambiente adecuado, que pone en riesgo su integridad física, y que por tal razón, no puede ser tolerado.
En consecuencia, de conformidad con lo peticionado por la Señora Asesora Tutelar interviniente, habré de adoptar una serie de medidas cautelares destinadas a evitar la conculcación de los derechos a la educación y a la integridad física de los alumnos de la Escuela objeto del presente amparo.
IV. Con relación a la procedencia de las medidas ad cautelam que se disponen, cabe recordar que éstas han sido concebidas como un medio tendiente a impedir que el tiempo torne ilusorio el eventual reconocimiento del derecho cuya protección jurisdiccional se pretende (arg. Art.177 CCAT; Cam. Cont. Adm. Y Tributario, Sala I in re “Rubio Adriana Delia y otros c/ GCBA s/ amparo” expte. Nº7 del 28/12/00), para cuya procedencia se exige la concurrencia de tres recaudos, a saber, la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la contracautela.
La verosimilitud del derecho se entiende como la probabilidad de que el derecho exista, y no como una incontestable realidad, que solo logrará al agotarse el trámite. Importa que prima facie, en forma manifiesta aparezca esa probabilidad de vencer, o que la misma se demuestre mediante un procedimiento probatorio meramente informativo. Se comprueba analizando los antecedentes y las particularidades de cada caso.
El peligro en la demora, a su vez, responde a la necesidad de evitar aquellas circunstancias que en todo o en parte impiden o hacen mas dificil o gravosa la consecución del bien pretendido o en cuya virtud el daño temido se transforma en daño efectivo.
Del relato efectuado precedentemente se desprende claramente que en el sub lite se encuentran configurados los requisitos necesarios para la procedencia de las medidas peticionadas por la señora representante del Ministerio Público Tutelar. La verosimilitud del derecho fue constatada personalmente por el suscripto, y la existencia de peligro en la demora surge palmaria de la proximidad del inicio del período lectivo y de la posibilidad concreta de que los alumnos del establecimiento, de no adoptarse medida alguna, asistan a clases en condiciones violatorias de sus derechos a la educación y a la integridad física. En cuanto a la contracautela, su exigencia deja de ser procedente en razón del carácter de quien solicita la medida.
En atención a lo expuesto precedentemente, RESUELVO, de modo cautelar, y hasta tanto se adopte una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión:
1. PROHIBIR al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la utilización de “containers” o módulos metálicos para albergar alumnos, de cualquier nivel,  en el establecimiento de autos.
2. ORDENAR al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Educación, que a los fines de contener adecuadamente la demanda de vacantes en el establecimiento de esta causa, proceda a liberar los espacios físicos correspondientes a sectores de administración, rectoría y vice rectoría del establecimiento, priorizando la prestación del servicio educativo por sobre las áreas periféricas. A esos fines, las autoridades del establecimiento podrán utilizar los mentados containers o módulos metálicos, como áreas sustitutivas de sus actuales despachos, salas de reunión u oficinas.
3. ESTABLECER que ninguna obra, división, ampliación, o modificación que se realicen en el establecimiento podrán ser utilizadas sin la previa intervención y consiguiente habilitación de uso emanada de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, División Prevención de Siniestros.
4. DISPONER que cualquier modificación interna que se produzca no deberá afectar las áreas de biblioteca existentes, salvo que se acredite en forma previa que su mudanza no implicará reducción de la superficie actual de las mismas e interrupción alguna en su funcionamiento regular.
5. ESTABLECER que ninguna estructura metálica móvil, container o aula modular, podrá ser ubicada en áreas en las que actualmente se desarrollan actividades recreativas, deportivas o de esparcimiento dentro del predio del establecimiento.
6. INTIMAR al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Educación, para que en el término de 24 hs. acompañe a estos actuados la documentación relativa a la compra, locación o tenencia de las estructuras modulares (containers, aulas metálicas o cualquiera resulte su denominación) y acredite los criterios de asignación, uso y demás antecedentes de utilización, todo bajo apercibimiento de ejecución forzada al sólo vencimiento del plazo.
7. INTIMAR al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Educación para que en el término improrrogable de 48 horas acompañe los planos de obra que implementará en el edificio escolar de autos, indicando cronograma de ejecución y acreditando el cumplimiento específico de la normativa habilitatoria, todo certificado por profesional apto.
8. INTIMAR al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que todas las tareas de refuncionalización y mudanza interna que resulten necesarias en el marco de lo resuelto supra, sean ejecutadas y finalizadas con anterioridad al día 5 de marzo del corriente, estableciéndose en caso de mora una multa diaria personal, en cabeza del Sr. Ministro de Educación de la Ciudad,  Lic. Esteban Bullrich equivalente a diez pesos ($10) por cada alumno del establecimiento. A tales efectos intímese a la Rectoría del ente educativo a fin de que informe  en 72 hs. la totalidad de la matrícula que asiste al mismo, en todos sus niveles y cursos.


Notifíquese al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Señora Asesora Tutelar interviniente, Dra. Mabel López Oliva mediante oficio a diligenciarse por Secretaría, con carácter de urgente y con habilitación de días y horas inhábiles, al Sr. Ministro de Educación Lic. Estaban Bullrich mediante oficio del mismo carácter, a diligenciarse en forma personal en su público despacho, y a la actora, mediante cédula del mismo carácter. 


19 feb. 2014

SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y TILDES - CAPÍTULO II





En una entrada del mes pasado (Signos de puntuación y tildes: el juego de la herencia), propusimos a los lectores el ejercicio que reproducimos a continuación, con el objeto de señalar la importancia del uso correcto de los signos de puntuación y las tildes.

Este ejercicio muestra la importancia de la puntuación y del uso de tildes en el resultado final del sentido del texto. Les proponemos a los lectores que intenten obtener la mayor cantidad de resultados. Mediante el uso de signos de puntuación y de tildes, el lector podrá ver cómo se puede alterar por completo el sentido del texto
“si legare mi fortuna a mi hermano juan no seria una buena accion que quede todo para los criados de la casa nunca jamas a los parientes de españa todo lo expresado aqui es mi voluntad”.

Varios enviaron una sola respuesta, que no reproducimos aquí porque es alguna de las que sí incluyeron los dos lectores cuyas respuestas transcribimos textualmente.

(1) Si legare mi fortuna a mi hermano Juan, no sería una buena acción. Que quede todo para los criados de la casa. Nunca jamás a los parientes de España. Todo lo expresado aquí es mi voluntad.
(2) Sí, legaré mi fortuna a mi hermano Juan. No sería una buena acción que quede todo para los criados de la casa. Nunca jamás a los parientes de España. Todo lo expresado aquí es mi voluntad.
Sí, legaré mi fortuna. A mi hermano Juan: no sería una buena acción que quede todo para los criados de la casa "nunca jamás". A los parientes de España, todo. Lo expresado aquí es mi voluntad.
Si legare mi fortuna, a mi hermano Juan: ¿no sería una buena acción que quede todo para los criados de la casa "nunca jamás"? A los parientes de España: todo lo expresado aquí es mi voluntad. (este último es medio rebuscado) (CREO...)

El amigo Emilio envió sus cuatro respuestas. Debo confesar que el recurso de usar la expresión "nunca jamás" como nombre propio de la casa ha sido original, aunque —como él dice— suena algo rebuscado.

Cuatro resultados:
Sí, legaré mi fortuna a mi hermano Juan. No sería una buena acción que quede todo para los criados de la casa. Nunca jamás a los parientes de España. Todo lo expresado aquí es mi voluntad.

Si legare mi fortuna a mi hermano Juan no sería una buena acción. Que quede todo para los criados de la casa. Nunca jamás a los parientes de España. Todo lo expresado aquí es mi voluntad.

Si legare mi fortuna a mi hermano Juan no sería una buena acción. Que quede todo para los criados de la casa, nunca jamás. A los parientes de España, todo. Lo expresado aquí es mi voluntad


Si legare mi fortuna a mi hermano Juan no sería una buena acción. Que quede todo para los criados de la casa, nunca. Jamás a los parientes de España. Todo lo expresado aquí es mi voluntad. (¿Irá al Estado la herencia?)

Lic. Francisco A. Hirsch

Esta última es, a nuestro juicio, la mejor respuesta posible. El lector F. A. Hirsch utilizó tildes y signos de puntuación y dio cuatro sentidos diferentes de sencilla comprensión al texto proporcionado.

El juego de la herencia es —sin dudas— un ejemplo sumamente útil para llamarnos la atención sobre la relevancia de las herramientas que nos da el lenguaje. Tanto para precisar el mensaje que deseamos emitir, como para comprender que el mal uso o el desprecio de tales herramientas pueden alterar completamente el sentido de un texto.

















16 feb. 2014

MAÑANA COMIENZA UN JUICIO HISTÓRICO EN MENDOZA




El abogado Pablo Salinas, querellante,
nos explica de qué se trata.


Lucas escribió: "El 9 de septiembre de 2001 entrevisté en un encuentro de organismos de DDHH llevado a cabo Neuquén al abogado del MEDH mendocino Pablo Gabriel Salinas, quien me contó las dificultades de llevar adelante entonces el Juicio por la Verdad, dado que había dos camaristas, Luis Miret y Otilio Romano, que habían sido jueces de la dictadura y que estaban trabando los procesos. Y fue enfático: "Nosotros no podemos aceptar esta Cámara". Mañana Miret y Romano comenzarán a ser juzgados en Mendoza por crímenes de lesa humanidad. Me pareció bueno recordar aquí las dos primeras preguntas de aquella entrevista, que muestra que la perseverancia es amiga de los grandes logros: 


- ¿Cuáles son las dificultades que tienen en el Juicio por la Verdad de Mendoza?

- La primer dificultad y la más grave se encontró cuando descubrimos un escrito, donde el doctor Luis Francisco Miret, que es nada más y nada menos que el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, se excusó entender en el '87 en un juicio llevado contra los militares por violaciones a los derechos humanos manifestando su amistad íntima con el general Juan Pablo Saa. Y no sólo con el general, sino con toda la familia del general. Incluso llegando a decir que se alojaban en el mismo domicilio y cosas vinculadas a la amistad íntima que los unía. Luego de esto, nosotros no pudimos aceptar que un juez, que además de ser amigo de un general represor, comandan de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, que tuvo a cargo la represión en Mendoza del '77 al '79 y el cual fue indultado por 21 desapariciones y 3 secuestros de menores, no podemos decir que la amistad entre ellos dos sea menor. Y, además, de esto, el doctor Luis Francisco Miret fue juez en la dictadura. Fue juez instructor, fue luego camarista y fue nombrado por la dictadura. O sea que es un juez de la dictadura. No es un juez de la democracia. Es un juez de la dictadura que está presidiendo la cámara que debe investigar los crímenes atroces cometidos por la dictadura que lo nombró y que le dio su cargo. Entonces, esto hay que entenderlo. También hay que entender que él no está solo. Esta cámara, que tiene seis integrantes, ha generado una amistad entre ellos. Que ha generado una amistad en el trato que llevan juntos. Entonces, cuando nosotros lo recusamos al presidente, rechazó in límine nuestro planteo, obviamente en una fogosa defensa de su presidente. Asimismo, esta Cámara prejuzgó, porque dijo que estos juicios no tenían naturaleza penal, dijo que estos juicios sólo intentaban encontrar los restos de los desaparecidos. Y estos juicios no sólo que tienen naturaleza penal, y no sólo que no tienen el simple objetivo de encontrar los restos de los desaparecidos, sino que estos juicios tienen el objeto de encontrar a los menores que han sido apropiados y tienen el objeto de identificar a los responsables del terrorismo de Estado. Muchas veces cuando escucho a mis colegas de otras provincias, uno trata de hacer docencia y decir que debe tenerse en cuenta y debe leerse —todo militante de derechos humanos debe hacerlo— la resolución 28/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe leer por lo menos la parte resolutiva del caso Velázquez Rodríguez de Guatemala, del estudiante que fue desaparecido, que motivó el pronunciamiento de la CIDH y debe leer la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde dice que las resoluciones y las interpretaciones que hagan la CIDH y la Corte son resoluciones e interpretaciones obligatorias para nuestra Corte Nacional. Como conclusión de esto se saca que el objeto de estos juicios no es encontrar sólo los restos de los desaparecidos, sino encontrar el destino de los desaparecidos, encontrar el destino de los menores e identificar a los responsables. Y la resolución de la CIDH va más allá y dice que el Estado debe anular aquellas leyes que impiden el castigo. Entonces, hoy la CIDH está ordenando el castigo. Lo está ordenando el fallo del doctor Cavallo, lo está ordenando la CIDH cuando resolvió el caso Barrios Altos, que también es muy importante y hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros somos muy optimistas en el sentido de que el castigo se viene pronto.

- Vos mencionabas que, además de Miret, el presidente, había dos camaristas más que tendrían ciertos vínculos con la represión.
 
- Claro. Obviamente en Mendoza no ha habido recambio institucional. ¿Qué implica esto? Implica que esta cámara es una Cámara de la dictadura. Salvo algunos de sus miembros, todos los otros fueron o fiscales o miembros del Poder Judicial en el época de la dictadura. Es decir, el doctor Miret fue fiscal y juez en la época de la dictadura. Un juez de la dictadura. El doctor Otilio Roque Romano era fiscal en la dictadura y el doctor Pereyra González era juez en San Luis. Conclusión: Son jueces de la dictadura. Entonces, los familiares de los desaparecidos tienen que soportar que en este país no haya justicia culpa de las leyes de impunidad, y ahora tienen que soportar. Soportaron que el Consejo Supremo de las FF.AA. investigara la desaparición de sus hijos. Es decir, los mismos desaparecedores investigaban la desaparición de sus hijos. Y ahora tienen que soportar que en los juicios por la verdad intervengan los jueces nombrados por la dictadura. Es decir, aquellos jueces que pusieron su mano sobre el Estatuto de Reorganización Nacional y sobre los objetivos básicos del Proceso de Reorganización Nacional y juraron. Jueces que no juraron por una Constitución, jueces que fueron designados a dedo por algún capitoste (sic) o general genocida de turno. Estos jueces, obviamente, no van a garantizar nunca la imparcialidad que nosotros pensamos que debe garantizar un tribunal de justicia. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar esta cámara." 








9 feb. 2014

EL ABOGADO LITIGANTE Y LAS FOTOCOPIAS


dedicado a @scratchyouritch

Cualquier estudiante o abogado joven que trabaja en un estudio jurídico sabe que la primera amansadora que se cruza en su camino son los pedidos de fotocopias. Esto es, obtener muchos papeles que son copias simples de otros papeles que son casi sagrados.


¿Y por qué se hace tan necesario eso de obtener fotocopias? Por varias razones. La principal, en nuestro sistema judicial, el expediente ES el caso. Y es por ello de que quod non est in actis non est in mundus.


Más allá de que algunos tribunales ponen restricciones ridículas tales como:





Fuera de eso, obtener las fotocopias siempre es un problema. Y antes de que pretendamos sacar copias, el simple pedido de ver el expediente es otro asunto problemático. Esa maldita frase "está a despacho" es la más clara demostración de que el caso es DEL-JUZ-GA-DO. Hace unos días autoricé a un abogado a obtener las copias de un expediente. Pues bien, él estaba autorizado a obtener las copias pero —según le dijeron en mesa de entradas— NO-A-VER-EL-EX-PE-DIEN-TE...


Otra de las exigencias que es absurda en sí misma es la de tener que presentar un escrito como defensor solicitando autorización del juez para obtener las fotocopias. Además de esa presentación, hay que esperar que el juez —o el pinche natural que lleva la causa— resuelva una solicitud de tamaña complejidad, espera que suele demorar 24 horas, con suerte.


Téngase en cuenta que durante la investigación, los plazos de los recursos son de tres días. Supongamos que el lunes a las 3 PM nos notifican de una resolución que deseamos recurrir, y que para redactar el recurso necesitamos fotocopias de los últimos papeles agregados al expediente. Así, el martes a la mañana marchamos a tribunales con nuestra solicitud de fotocopias. Con suerte, el pedido se resuelve el miércoles y, con más suerte aún, el expediente no está a despacho nuevamente, ni se fue en préstamo al juzgado que está a diez cuadras, ni se lo enviaron al fiscal para que dictamine alguna esotérica cuestión jurídica. Así, con toda la suerte a favor, el miércoles a la tarde tenemos las fotocopias sobre nuestro escritorio.


¿Y cuando vence el recurso? Al día siguiente, a las 13:30. A menos que querramos utilizar el plazo de gracia y decidamos presentarlo el viernes antes de las 9:31. Es decir que dos de los tres días del plazo para interponer el recurso se nos fueron obteniendo las copias que necesitábamos.


Y si decidimos utilizar el plazo de gracia, roguémosle a la Madre Tierra que no nos mande un aguacero como el del viernes de la semana pasada, porque los gondoleros, por ahora, trabajan en Venecia.




5 feb. 2014

¡EL CURSO IS BACK!




NOS SACARON EL CURSO DE GARANTÍAS










Buenos Aires, 5 de febrero de 2014


Al Departamento de Derecho Público


En el día de ayer hemos recibido un correo electrónico del Departamento de Derecho Público en el que se pretendía justificar el hecho de haber omitido publicar mi oferta de curso de CPO para este primer cuatrimestre. El texto del mensaje decía lo siguiente:


Estimado Profesor Alberto Bovino:


Lamentamos que el curso Garantías Constitucionales del Derecho Penal no fuese ofertado. En este sentido le informamos que teniendo en cuenta que el curso no obraba agregado en el listado remitido por la Secretaría Académica para su renovación, este Departamento obró en la inteligencia que el Dpto Derecho Penal había canalizado y readecuado su propuesta del curso dentro de esa órbita. 


Asimismo, conforme los lineamientos recibidos de las autoridades de la Facultad, el Consejo Consultivo del Departamento, en un contexto de una disminución importante de matrícula, estableció como criterio que las propuestas de cursos se efectúen a través de profesores titulares, y se priorizó la asignación de los cursos a profesores dependientes del Departamento, en particular a aquellos que perciben renta.


Lamento decirles que sus explicaciones no me han satisfecho. En primer término, alegan que el Departamento "obró en la inteligencia de que el Dpto. de Derecho penal había canalizado y readecuado su propuesta del curso dentro de esa órbita". El Departamento podría haber preguntado al Departamento de derecho penal si había intervenido de algún modo. Además, el Departamento de Público no informó de nada al de Penal, razón por la cual la expresión "obró en la inteligencia..." no resulta para nada creíble.


El requisito de que las propuestas de curso se efectúen a través de profesores titulares —cuyos fundamentos desconocemos— fueron para nosotros de cumplimiento imposible, tal como lo explicara en uno de los correos que adjunté a la nota anterior. Antes de la fecha prevista para presentar las propuestas, y luego de aclarar que en este momento no estoy en ninguna cátedra, solicité instrucciones, que jamás fueron contestadas. Finalmente, el día anterior al vencimiento del plazo, remití la nota dirigida al Director del Departamento para su consideración.


Por otra parte, el criterio que dio prioridad a los profesores del departamento muestra una vez más que las formas se imponen sobre la sustancia. En efecto, nada se dice de la calidad de cada uno de los cursos, de sus contenidos y aspectos metodológicos.


El maltrato sistemático que he recibido por parte de las autoridades del Departamento produjeron los siguientes obstáculos para actuar. Primero se me rebautizó con un nombre de pila que no era mío (Alfredo Bovino). Más de dos años me costó que se me devolviera mi nombre. Luego se me asignó un curso cuando había pedido licencia. Y ahora me han dejado sin curso.


Finalmente, se han librado de mí, porque no pienso lidiar con burócratas que como única variable para asignar un curso invocan la pertenencia a un departamento. Espero que estén felices. Lo paradójico es que a nadie se le ocurrió evaluar la calidad del curso que solía estar a mi cargo.


Espero que con esta mezquina medida que solo pretende encasillar los cursos como propiedad exclusiva de los docentes de su Departamento por cuestiones formales no perjudique a los estudiantes que siguen la Orientación en Derecho Penal.


Me han ganado por cansancio. ¿Qué interés podría tener yo si la asignación de los cursos no se realiza sobre las aptitudes que cada docente, sino tales criterios nada dicen de la idoneidad del docente? Por este motivo, expreso mi decisión de no volver a dar jamás el Curso de "Garantías constitucionales...", así no me entrometo en los cursos que en este Departamento se consideran de propiedad exclusiva de sus docentes y, por el mismo precio, me abstengo de afectar la pureza de la teoría constitucional. Y esta vez les solicito que tomen nota de esta decisión, pues no quiero que el primer cuatrimestre de 2015 aparezca mi oferta de curso. Que quede claro.


Por último, creo que estas decisiones de "política educativa", según las cuales mi curso sería rechazado por "no pertenecer" exigen, entre otros reglas de fair play, la publicidad de las reglas. Deberían haberme dicho claramente, antes de octubre, que mi curso sería rechazado. La explicación que recibiera por correo electrónico solo se debió al hecho de que pedí explicaciones. Las explicaciones posteriores a los hechos me impidieron ofrecer un curso en el Dpto. de Derecho penal. Es decir que muchos estudiantes que querian cursar la materia con nosotros no podrán hacerlo; y que con la arbitraria decisón de este Departamento, además, se ha restringido mi derecho a cumplir con mis obligaciones docentes.



Cordiales saludos,

Alberto Bovino