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3 abr. 2014

LAS PARTES Y EL ORDEN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA EN EL JUICIO PENAL




El orden de la prueba



En el juicio penal, las partes deben construir un relato, esto es, un modo de narrar la historia de lo que cada parte propone como cierto. Así, las partes "juegan" con las distintas circunstancias de hecho para reordenarlas del modo en que apoyen y den sustento a su propia versión de los hechos a través de la actividad probatoria.

Si estamos mínimamente de acuerdo con la afirmación anterior, nos deberían llamar la atención, entonces, la resistencia de los procesos de reforma para otorgar la iniciativa y el orden de los medios probatorios. Aquí van algunos párrafos sobre este tema, y no deje de ver el video al final de esta entrada.





Extracto del trabajo Juicio y verdad en el procedimiento penal.


III. 4. El orden de la producción de la prueba


I. Un segundo problema que resulta extremadamente relevante, en cuanto afecta al control de las partes del juicio penal sobre la narración judicial de los hechos, se vincula con la decisión del tribunal que establece el orden de la incorporación de la prueba. Este problema, debe señalarse, es independiente del mencionado en el punto anterior.

En general, los códigos suelen tener una regla que establece un orden determinado que rige como principio general. En estos casos, el orden se establece según el tipo de medio de prueba[1]. Así lo dispone, por ejemplo, el art. 382, párr. I, del CPP Nación:

 “Después de la indagatoria el tribunal procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere conveniente alterarlo”[2].

Nótese que la aplicación regular de esta solución otorga al tribunal el control absoluto sobre la organización del relato que debe llevarse a cabo en el escenario de la sala de audiencias. Téngase en cuenta que aun en códigos modernos como el nuevo CPP Chubut se mantienen soluciones como las que aquí criticamos. Su art. 41, con el título de “Recepción de pruebas”, dispone: “Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba, en el orden que considere conveniente, que comunicará a los intervinientes” (destacado agregado).

Ello no sólo conduce a resultados irracionales sino que, además, restringe un derecho fundamental de las partes, pues les impide toda posibilidad de presentar los elementos de prueba[3] ofrecidos conforme a una estrategia adecuada para proteger los intereses que representan.

A pesar de que nada impide que el tribunal acceda, aun en textos legales como el del CPP Nación, a ordenar la producción de la prueba en el sentido solicitado por las partes, lo cierto es que aun cuando el texto legal no contiene cláusula alguna similar al art. 382 del CPP Nación, en la práctica los tribunales se resisten a acceder a los pedidos de las partes.

II. Volviendo al ejemplo del CPP Buenos Aires, es interesante mencionar que éste no contiene regla alguna que establezca —ni siquiera de manera subsidiaria— que los diferentes elementos de convicción deban ser introducidos teniendo en cuenta el medio de prueba de que se trate —v. gr., documental, testimonial, etcétera—.

Por otra parte, el art. 367 de ese texto legal, bajo la denominación de “Iniciativa probatoria”, dispone:

“A la acusación incumbe la prueba de la culpabilidad del acusado. A las partes civiles incumbe la de los hechos en que funden sus pretensiones, defensas y excepciones”.

De esta manera, la regla citada atribuye la iniciativa probatoria, en lo que aquí interesa, a la acusación. Al hacerlo, la regla no distingue entre la elección de los elementos de prueba que las partes ofrecen y el orden en que tales elementos de prueba deben ser producidos. En conclusión, son las partes acusadoras quienes deberían establecer el orden de producción de la prueba.

El mismo art. 328 del CPP Chile es claro al establecer que “[c]ada parte determinará el orden en que rendirá su prueba…”, dejando librado a las partes todo la iniciativa probatoria.

Esta solución es especialmente importante en casos en que la hipótesis fáctica contenida en la acusación reviste un grado de complejidad superior al promedio, o existe una gran cantidad de elementos de prueba a ser producidos durante el debate público. Si el objeto del juicio consiste en la demostración de la verdad, resulta mucho más racional ordenar la incorporación de la prueba atendiendo a los diversos elementos de la acusación, y no de acuerdo con criterios impuestos por el tribunal sin fundamento alguno.

Así, deben producirse los distintos elementos de prueba en un orden que se relacione con el de los distintos elementos de la imputación, aun cuando ello implique la incorporación de diversos medios de prueba de manera “desordenada”: por ejemplo, un documento, dos peritajes y un testigo para el primer elemento de la imputación —v. gr., el carácter de funcionario público del autor del hecho—; dos documentos, tres peritajes y dos declaraciones testimoniales para el segundo elemento —v. gr., la comisión de la acción típica prevista en la figura penal—; y así sucesivamente.

Sin embargo, no conocemos ningún caso en el cual se haya aceptado la solicitud de una de las partes en este sentido[4]. Esta manera de ordenar la incorporación de la prueba produce varias consecuencias negativas. En primer lugar, dificulta el deber del órgano acusador de cumplir con la exigencia de establecer con certeza la responsabilidad penal del imputado. Además de ello, la práctica representa una injerencia indebida del tribunal sobre una decisión que corresponde a la acusación.

En segundo término, la incorporación arbitraria de los elementos de prueba también dificulta la tarea de la defensa. Ello pues produce confusión sobre el cuadro probatorio del procedimiento y, también, porque podría afectar la imparcialidad del tribunal. La decisión de incorporar los distintos elementos de convicción en un orden determinado puede estar motivada, entre otras posibilidades, en el interés en demostrar una hipótesis determinada sobre los hechos.




[1] "Medio de prueba es, en el procedimiento, el acto procesal, regulado por la ley, por intermedio del cual se introduce en el proceso un elemento de prueba, su contenido eventual (la declaración testimonial, el dictamen pericial, el documento)". Maier, Derecho procesal penal argentino, t. 1b, ps. 579 y s. (destacado en el original).
[2] Así, por ejemplo, los peritos e intérpretes (art. 383), los testigos (art. 384) y los elementos de convicción secuestrados (art. 385), entre otros. Una solución casi idéntica está prevista en el art. 349 del CPP Costa Rica, a pesar de que se trata de uno de los códigos más modernos de América Latina. Sobre el CPP Costa Rica, cf. AA.VV., Reflexiones sobre el nuevo proceso penal; Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado.
[3] El “elemento de prueba es el dato, el rastro o señal, contenido en un medio de prueba ya realizado, que conduce, directa o indirectamente, a un conocimiento cierto o probable del objeto del procedimiento” (Maier, Derecho procesal penal argentino, t. 1b, p. 579).
[4] En un caso real en el cual intervenimos como “particulares damnificados” en un juicio público en provincia de Buenos Aires, no sólo no se hizo lugar a nuestro pedido sino que, además, se destinó la primera parte del debate a la introducción por lectura de toda la prueba que debía ser incorporada de ese modo, sin siquiera respetar la distinción entre prueba de la acusación y prueba de la defensa.









Para que les quede claro

el porqué de la facultad de las partes

sobre la actividad probatoria








2 comentarios:

Rosalinda dijo...

Albert
Clarísimo para mi que no soy abogada. Imagino que los entendidos penalistas no necesitarán el video, aunque lo has aplicado por si alguien tiene CI (coheficiente intelectual) 0,20.-

Rosalinda dijo...

Albert
Clarísimo para mi que no soy abogada. Imagino que los entendidos penalistas no necesitarán el video, aunque lo has aplicado por si alguien tiene CI (coheficiente intelectual) 0,20.-

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