te lo advertimos...

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29 sep. 2012

EL JUEZ QUE DORMÍA EN GUATEMALA


RECURSO DE CASACIÓN POR JUEZ DORMIDO






Cuando recién llegué a Guatemala para quedarme casi todo el año 1997 a trabajar asesorando a abogados querellantes de diez ONGs, recuerdo que por todos lados se veían pintadas que decían “Noriega asesino”. Pregunté y me informaron que era un civil que colaboraba con los milicos en la represión.

Había sido acusado por más de cien hechos delictivos, entre ellos alrededor de 20 homicidios, 15 violaciones, un número mayor de detenciones ilegales y otros hechos de suma gravedad. Se había celebrado el juicio y había sido absuelto de todos los cargos, en una sentencia absurda.

Mi primer trabajo una vez instalado en las oficinas de la Fundación Myrna Mack consistió en colaborar en la redacción del recurso de casación —que en Guate se denomina “apelación especial”— contra la sentencia absolutoria del tribunal de juicio. Los vicios de la sentencia y del juicio habían sido varios.

Uno de ellos fue que uno de los jueces se dormía todo. Por supuesto que en el acta del debate no se incluía ese pequeño detalle. Lo que se incluía eran preguntas del presidente del tribunal al bello durmiente respecto a si estaba muy cansado y prefería hacer un cuarto intermedio. En realidad lo que sucedía era que le daba codazos y lo sacudía para que dejara de dormir.

Dado que en CPP Guatemala el recurso contra la sentencia condenatoria está muy bien regulado —no conozco ahora la práctica de su aplicación—, se permite al recurrente ofrecer prueba para la audiencia de alegatos con el objeto de demostrar vicios formales que no constan en el acta. Conclusión, ofrecimos tres testigos que habían visto claramente cómo dormía el juez.

Preparar a los testigos fue un trabajo complicado. Había que tener extremo cuidado para no influir en su relato agregando información que ellos no hubieran percibido a través de sus sentidos.

Luego de interrogar a cada uno de los tres y saber todo lo que habían visto sin hacer ninguna pregunta indicativa o sugestiva, les expliqué a los tres que no podían decir que el juez “estaba durmiendo”. Que ellos solo podían describir lo que habían visto, es decir, cómo estaba sentado, si miraba a los testigos, si hablaba con el presidente, si tenía los ojos cerrados o abiertos, etc. Insistí tres veces con que no podían decir que estaba durmiendo. A lo sumo podrían decir que les parecía…

Llegó el día de la audiencia. Los dos primeros testigos estuvieron impecables. Cuando le toca declarar a la tercera de ellos, una joven de ojos brillantes, lo primero que dice luego de prestar juramento fue:

—Yo estuve dos días de audiencia y la mitad del tiempo vi cómo dormía el juez que estaba a la derecha.

En ese momento el abogado defensor, de zaptos de charol negros, pega un salto y pregunta:

—¿Y cómo puede saber usted que él estaba durmiendo?

—Porque tenía los ojos cerrados, cabeceaba todo el tiempo y se le caía la baba…



TELECOM Y LA PMQTP


COMO CONSEGUIR UNA LÍNEA DE TELECOM
Y NO MORIR EN EL INTENTO







El 1º de junio solicitamos telefónicamente una línea a la maldita TELECOM. No pasó nada. A fines de julio pedimos nuevamente una línea y admitieron estar procesando el primer pedido. Se comunicarían un día determinado. Determinado por quién sabe quién, y para quién sabe cuando, pues ese día nadie llamó.



CON NUESTRA FE CIEGA EN LA RED, SOLICITÉ POR TERCERA VEZ UNA LÍNEA A
ESTA QUERIDA EMPRESA QUE MARY JULY NOS LEGÓ. ELEGÍ ESTE PLAN.







Y AQUÍ LA RESPUESTA. FUE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE ESTE SIGLO.









NO SE QUÉ RARO CONCEPTO TIENE ESTA GENTE DEL TÉRMINO "BREVEDAD", PUES AL DÍA DE AYER NO SE HABÍAN COMUNICADO. ENTONCES RECLAMÉ POR ELLO Y ME CONTESTARON QUE SE COMUNICARÍAN CONMIGO A LA "BREVEDAD".






¿Será que podre presentar un amparo a la "brevedad"?

28 sep. 2012

ÚLTIMO MOMENTO: CASO FERREYRA

DESIGNAN A DOS FISCALES
PARA QUE ACOMPAÑEN A LA FISCAL JALBERT
EN EL JUICIO POR MARIANO FERREYRA



La Procuradora General Alejandra Gils Carbó designó un fiscal y un fiscal ad-hoc para que representen al Ministerio Público junto con la fiscal Jalbert en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra. Aplaudimos la medida.




Resolución MP 219-2012 de la Procuradora General

27 sep. 2012

SOBRE LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN LA CAUSA ESMA









A propósito de lo publicado en Télam y en Página/12 en relación a lo sucedido en la audiencia preliminar de la causa ESMA celebrada el día de ayer, desde la fiscalía queremos aclarar lo siguiente: 


En ningún momento nos hemos opuesto a la incorporación de las declaraciones testimoniales brindadas en juicios anteriores. Por el contrario, lo hemos solicitado tanto por escrito como oralmente en reiteradas oportunidades.

A lo que sí nos opusimos es a la decisión del Tribunal de que los videos de esas declaraciones no se exhiban en la audiencia, y a que tanto ellos –los jueces–, como los fiscales, querellantes, imputados y defensores, vean esos videos en sus casas u oficinas; en cualquier caso, fuera del ámbito del juicio y del conocimiento y control de la ciudadanía, privando al público de su derecho a escucharlos.


No pretendemos que los testigos vuelvan a declarar lo que ya declararon. Al contrario, nuestra postura es y ha sido que esas declaraciones se reproduzcan en la audiencia, y que los testigos sólo tengan que declarar sobre lo que no declararon anteriormente.


Con lo que no estamos de acuerdo es con que esos testimonios no tengan su lugar en este juicio. No por capricho sino porque entendemos que es contrario a principios consagrados en nuestra Constitución (el hecho de que algunas defensas coincidan con algunos de los argumentos de la fiscalía, no los desmerece). Creemos que la decisión del Tribunal no significa otra cosa que callar a las víctimas, cuyos relatos quedarán, en el mejor de los casos, en el interior de los hogares u oficinas de jueces y partes, y silenciados hacia afuera.


En síntesis, entendemos que los videos de las declaraciones prestadas por los testigos en otros procesos deberían ser reproducidos en la sala de audiencias para que todos podamos escucharlos, verlos y saber lo que ocurrió en ese centro clandestino durante los años del terrorismo de estado.


Unidad de Asistencia
para causas por violaciones a los Derechos Humanos
cometidas durante el Terrorismo de Estado
Procuración General de la Nación
25 de mayo 179  2° piso. C.A.B.A
Argentina
(54-11)4342-0958

25 sep. 2012

JUICIO POR EL ASESINATO DE M. FERREYRA. LEVANTARON EN PESO A LA FISCAL JALBERT

DÍAS PUSO EN CAJA A LA FISCAL









Martes 25 de septiembre de 2012


La mañana empezó mal. Había un bolonqui de tránsito para llegar a Comodoro 3,14. Llegué tarde. Para mi sorpresa, aún no había empezado la audiencia. Parece que el problema del tránsito había  afectado a más partes.

Finalmente, con bastante atraso arrancamos. Dios existe, porque mandó este quilombo automotriz al solo efecto de que la fiscal llegara más tarde que nosotros. Así transcurrieron sobre rieles las tres primeras declaraciones testificales, y a las 12:30 ya habíamos tomado tres de las cinco. Es justo aclarar que era el Dr. Días quien presidió y nos ajustó las clavijas a todo

Terminando la tercera declaración, aparece la inefable Fiscal Yevalié. Cuando el presidente formula la pregunta “Nadie tiene una pregunta más, ¿no?, era obvio que todos debíamos decir “no”: sin embargo, la fiscal agregó. Sr. presidente, yo tengo un par de preguntas.

Se le concedió la palabra. ¡Terrible error! Luego de hacer tres preguntas que ya había planteado su compañero, al comenzar la cuarta, Días le contestó:

D: —Dra., esas cuestiones ya habían sido preguntadas y contestadas…

J: —Bueno pero yo llegué tarde.                                                   

D: —Entonces consulte con el Dr. Bogetti

J: —¡BUENO PERO NO TUVE TIEMPO!

D: —Dra., no me grite y ubíquese...

J: —Estoy bien ubicada

D: —¡Ubíquese Dra.!

J: —Estoy buen ubicada.

D: —No grite, ¡y ubíquese!

Y acá sí que el presidente se impuso con firmeza, para que todos recibiéramos el mensaje.

D: —Ubíquese y reflexione, porque veníamos muy bien hasta que Ud. llegó.

J: [algo que no se entendió pero que lo dijo de muy mal modo la fiscal a Días].

Hasta que el Presidente del tribunal le dijo a la fiscal:

—Dra. El juicio puede continuar con o sin usted. Reflexione.




De la nota de Irina Hauser:

La fiscal Jalbert, una mujer de años en tribunales, cerca de jubilarse, está a cara de perro con el TOC21, que tampoco le demuestra simpatía, desde el inicio del juicio. Los jueces suelen marcarle problemas con sus interrogatorios. Y un dato que llama la atención desde las primeras audiencias es su tendencia a quedar más cerca de las posturas de las defensas que de las querellas, a pesar de ser ella la parte acusadora.

22 sep. 2012

NUESTRA ADHESIÓN A LOS 20 AÑOS DE LA CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL


De cómo el afortunado Garcíaque fuera condenado y posteriormente absuelto,
fue usado para poner en su lugar a la Cámara Nacional de Casación Penal 
Por John Doe




En un fallo no tan reciente (“García”), la Corte Suprema menemista, sorprendentemente, tomó una decisión a favor del imputado.

El fallo presenta varias peculiaridades. En primer lugar, la Corte resolvió no hacer lugar al recurso de queja deducido por el defensor; más insólitamente aún, se dedicó a analizar el punto que finalmente resolvió de oficio, esto es, sin que la cuestión hubiera sido planteada por el defensor en el escrito del recurso. De este modo, con cita de un precedente de la misma Corte (“Tarifeño”), resolvió revocar la decisión de la Cámara de Casación que no casó el fallo del tribunal de juicio porque la sentencia condenatoria había sido dictada a pesar de que el fiscal, al final de la audiencia oral, había pedido la absolución. Según la decisión de la Corte, si el fiscal solicita la absolución al finalizar el debate, el tribunal carece de jurisdicción para dictar sentencia condenatoria.

Esta sentencia puede ser considerada una decisión trascendente. En primer lugar, pues se opone frontalmente al acendrado carácter inquisitivo de los ordenamientos procesales penales de nuestro país, incluso al de los códigos mal denominados “modernos” —a menos que se aluda al hecho de que son fiel reflejo de un procedimiento cuya estructura básica nació con los albores de la modernidad (Código francés de 1808)—. Por otra parte, la decisión de la Corte numerosa parece contradecir la tendencia reaccionaria expresada sistemática y coherentemente desde sus primeros fallos, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales del imputado (sobre esta línea “reaccionaria” se puede leer la opinión más que autorizada de Jorge Bacqué en su trabajo Corte Suprema de Justicia de la Nación: cambio de jurisprudencia en materia de derechos individuales, en algún número de la revista “No Hay Derecho”, probablemente el nº 12).

Atendiendo a este contexto jurisprudencial, y a la ideología de los numerosos nuevos miembros de la Corte, esta decisión llama poderosamente la atención y genera una dificultad casi insalvable para establecer criterios mínimos de previsibilidad. Quizá haya que buscar la explicación de este súbito interés de la Corte grande por la protección de los derechos del imputado en otros lugares.

El primer lugar podría ser el piso que la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) ocupa en el edificio de Comodoro Py, en la zona de Retiro. La CNCP, con anterioridad a la decisión de la Corte en “García”, y con posterioridad a "Tarifeño", desoyó la opinión de la Corte y decidió, en la causa "Ferreyra", que el pedido de absolución formulado en el alegato del fiscal no impedía al tribunal de juicio dictar una sentencia condenatoria. Esta decisión de la CNCP, por otra parte, es coherente con la escasa preocupación que ese tribunal muestra respecto a los derechos del imputado y, también, con el deslucido papel que le asigna al fiscal en el marco de un procedimiento penal cada vez más inquisitivo, gracias a las interpretaciones judiciales que se esfuerzan por superar el logrado trabajo de Levene, que culminó con la adopción de un enjuiciamiento penal suficientemente inquisitivo —aunque el "trabajo" de Levene haya consistido en copiar, y copiar mal, el inquisitivo producto de Vélez Mariconde, el CPP Córdoba 1939—. Por otra parte, la decisión de la CNCP de ignorar un precedente de la Corte Suprema, claramente aplicable al caso, también es coherente con las veleidades de tribunal excepcional y supremo que la CNCP tiene desde su origen.

Esa pretensión se expresa de diversas maneras. Una de ellas consiste en la repetición cotidiana de la aserción referida al carácter “extraordinario” del recurso de casación que, por supuesto, implica el carácter también “extraordinario” de ese tribunal. Además de la pretensión señalada, otras razones pueden explicar la actitud de la CNCP. En primer lugar, es posible que sus miembros no comprendan la diferencia entre el carácter limitado de un recurso —como el de casación— y su carácter extraordinario. En segundo término, la “extraordinarización” del recurso de casación puede ser producto de una estrategia orientada a lograr que los miembros de la CNCP trabajen cada vez menos, pues cuanto más “extraordinario” es el recurso que ellos deben considerar, más difícil es que el recurso sea concedido y, en consecuencia, resulta más fácil rechazar las impugnaciones interpuestas. Otra expresión de la pretensión de tribunal supremo que sufre la CNCP, bastante patética por cierto, consistió en la creencia de sus integrantes de ser titulares de un “derecho natural” a ser miembros del Jockey Club[1] —con la consiguiente solicitud de ser admitidos como socios—, “derecho” que las autoridades de tan rancia institución no consideraron nada natural, y mucho menos derecho.

El segundo lugar al que podemos acudir es al decreto nº 2.072/93, que establece el orden de precedencia protocolar de los distintos integrantes de los poderes del Estado en las ceremonias oficiales. Allí se indica que el presidente de la Corte Suprema va quinto y que los integrantes de la CNCP van en décimosexto lugar. El decreto refleja inequívocamente la percepción que el poder ejecutivo tiene respecto de la jerarquía del más alto representante del poder judicial (el presidente de la Corte va en quinto lugar, por debajo del vicepresidente y de los presidentes de ambas cámaras legislativas). También indica claramente que el poder ejecutivo considera que los miembros de la CNCP no integran un tribunal tan extraordinario, ni tan supremo, como ellos pretenden, y que existe una importante brecha entre la Corte Suprema y la CNCP (once posiciones).

El fallo “García”, entonces, puede ser leído de diversas maneras. La primera de ellas, que el lector sabrá descartar, se relaciona con un repentino apego al respeto por las garantías individuales de la Corte Suprema amplificada. La segunda lectura, en cambio, significa que, a través de una sentencia dictada en el caso del afortunado García, la Corte nueva (y de nueve) envió un mensaje claro a la CNCP —del mismo modo que lo hizo en el caso “Giroldi”—. Este fallo puede ser leído, simplemente, como una decisión de un tribunal efectivamente supremo —si bien sólo en el contexto del poder judicial— que ubica a los miembros del tribunal de casación en el lugar que, según el decreto nº 2.072/93, les corresponde.





[1] Esa rancia institución remite una solicitud de afiliación a todos los ministros de la Corte Suprema una vez que son designados.

LA CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL SE CELEBRA A SÍ MISMA

¿QUÉ CELEBRARÁN?








Acordada Nº 5/12 Cámara Federal de Casación Penal





Parece que la CNCP, como nadie la homenajea, ha decidido homenajearse así misma. En este contexto se dictó la acordada 5/2012, con el objeto de "celebrar la conmemoración" de los veinte años de la creación de dicho órgano judicial. En verdad no comprendemos qué se festejará. En la nota de Irina Hauser se puede leer:




Pasaron casi veinte años desde que Carlos Menem nombró a los primeros integrantes de la Cámara de Casación Penal. “Esperpentos”, los llamó el entonces ministro de Justicia León Arslanian como preámbulo de su renuncia. El recambio de togas se hizo esperar, pero ahora todo indicaría que hay una transformación de fondo en marcha. No sólo por los jóvenes jueces que entran a este tribunal que revisa sentencias y detenciones, sino por los que siguen buscando la puerta de salida. Esta semana, mientras juraban dos nuevos camaristas, se conocía la renuncia de Wagner Gustavo Mitchell, flanqueado por el avance de dos investigaciones penales y en el Consejo de la Magistratura. En una de ellas está acusado de haber facilitado, como juez de menores durante la última dictadura, la apropiación de hijos de desaparecidos. En otra, se analiza su presunta participación en una trama de sobornos –junto con otros dos colegas– que estaba destinada a conseguir la libertad de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) detenida por el asesinato de Mariano Ferreyra.




De esos esperpentos mencionados por el ex Ministro Arslanián aún subsisten Pedro David, Eduardo Riggi, Liliana Elena Catucci y algunos otros. Pues bien, David no sólo preside la Cámara sino que, además, se lo ha designado encargado de celebrarse a sí mismo.

La pátina de iushumanista de Pedro David desaparece a poco que estudiemos diversos pronunciamientos. En una nota de Clarín del 30/12/2011 se dice: 

La elección del jurista Pedro David como nuevo presidente de la Cámara Federal de Casación Penal – el máximo tribunal penal del país y el segundo en importancia luego de la Corte Suprema –, sigue provocando polémica.
A David –de 82 años– le critican haber convalidado condenas que constituyen violaciones de derechos humanos cuando ratificó las penas de prisión perpetua a adolescentes. Lo hizo cuando integraba la Sala II junto a los jueces Juan Fégoli y, justamente, Madueño.
David también es recordado por haberse apartado de las causas por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, lo que fue denegado por sus propios colegas, e insistió.
El ex general Ricardo Brinzoni – jefe del Ejército hasta 2003 – fue quien impulsó su nombramiento en un Tribunal Internacional para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad en la ex Yugoslavia, donde estuvo cuatro años e intervino en dos causas.

En una entrada de este blog titulada “El voto de David y el caballo de Troya” analizamos de qué manera David se apartó de todos los estándares establecidos en la jurisprudencia del sistema interamericano. 

Más allá del lavado de cara que se le ha dado a la Cámara Federal de Casación penal con la renovación parcial de sus miembros, lo cierto es que aún se conservan enquistados en este destino judicial varios integrantes del grupo de “esperpentos”, entre ellos el mismo David y Riggi, imputado en una causa de sobornos.

Ante este panorama, nos parece un acto de cinismo “festejar” los 20 años de la CNCP.


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