8 may. 2010

¿LA LIBERTAD CONDICIONAL NO ES UN DERECHO?

LIBERTAD CONDICIONAL EN UN FALLO DE LA CORTE IDH

Por AB







Corte Interamericana De Derechos Humanos

Caso Usón Ramírez vs. Venezuela

Sentencia de 20 de noviembre de 2009

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)


….


VI


Violación de los Artículos 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad)[1] y 13.1 y 13.2 (Libertad de pensamiento y de expresión)[2] de la Convención, en relación con los Artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos)[3] y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno)[4] de la misma

C) Sobre la restricción de la libertad de expresión en relación con la órden de libertad condicional


95. La Comisión destacó que “la orden de libertad condicional del Tribunal Militar Primero de Ejecución de Sentencias de Caracas de 24 de diciembre de 2007 contiene, entre otras, prohibiciones de dar declaraciones a medios de comunicación y asistir a manifestaciones”. “La prohibición [al señor Usón Ramírez de emitir] declaraciones sobre asuntos que le afect[e]n directamente y guard[e]n relación directa con la forma en que las autoridades de Venezuela […] condujeron […] su caso, así como la prohibición de ejercer su derecho a manifestarse viola el artículo 13 de la Convención y puede permitir que se continúe sancionando a la víctima por sus expresiones, impidiéndole la participación en los asuntos de debate público”.


96. Al respecto, para los representantes dicha “restricción de su libertad de expresión, además de ilegal y arbitraria, es inaceptable en una sociedad democrática. Constituye censura en el m[á]s tradicional de los sentidos. […] El Artículo 505 del Código Orgánico de Justicia Militar señala que el que injuriare a las Fuerzas Armadas ‘incurrirá en la pena de tres a cinco años de prisión’, pero no dice que, además de la prisión deberá permanecer en silencio, o que, por el tiempo de la condena, no podrá comentar la naturaleza de la acusación formulada en su contra, los nexos del tribunal con otras instancias del Poder Público, el comportamiento del tribunal durante el proceso, la evidencia que no fue recibida o que no fue valorada por el tribunal, o la congruencia de los argumentos de la sentencia con la prueba ofrecida por las partes”.


97. El Estado no se refirió a este punto como parte de sus alegatos.


98. La Corte observa que, según consta en el expediente, el 24 de diciembre de 2007 el Tribunal Militar Primero de Ejecución de Sentencias de Caracas emitió una resolución[5], mediante la cual otorgó al señor Usón Ramírez el beneficio de libertad condicional, bajo una serie de condiciones y prohibiciones[6].


99. En el marco de la audiencia pública celebrada en el presente caso, el señor Usón Ramírez afirmó “ejer[cer] una severa autocensura para tratar de mantener[se] dentro de lo que […] piens[a] que puede ser el margen por el cual […] [s]e pued[e] expresar”[7].


100. Ante la pretensión de la Comisión y los representantes de que esta Corte declare que estos hechos - particularmente los puntos cuatro y seis de la referida resolución (supra párr. 98) – constituyen una violación adicional del derecho a la libertad de expresión del señor Usón Ramírez, el Estado no presentó alegatos en su defensa. En estas circunstancias, el Tribunal considera pertinente aplicar lo dispuesto en el artículo 38.2 del Reglamento, tal y como lo ha hecho anteriormente[8], el cual señala que “la Corte podrá considerar como aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas” por el Estado. Por lo tanto, el Tribunal considera que el Estado es responsable por la violación del artículo 13.1 y 13.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio del señor Usón Ramírez, en tanto las restricciones impuestas resultan abusivas al derecho a la libertad de expresión, no cumplen con un propósito legítimo, ni son necesarias o proporcionales en una sociedad democrática.



[1] El artículo 9 de la Convención establece que:

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

[2] El artículo 13 de la Convención señala en lo pertinente lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. […]

[3] El artículo 1.1 de la Convención establece que:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

[4] El artículo 2 de la Convención dispone que:

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

[5] Cfr. Resolución del Tribunal Militar Primero de Ejecución de Sentencias de 24 de diciembre de 2007 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo X, fs. 8020 a 8031).

[6] La Resolución de 24 de diciembre de 2007 del Tribunal Militar Primero de Ejecución de Sentencias de Caracas contenía las siguientes condiciones: 1) “[p]rohibido salir de la jurisdicción territorial de [dicho] Tribunal Militar Primero de Ejecución de Sentencias, esto comprende, Distrito Capital, Estado Miranda y Estado Vargas sin autorización del mismo”; 2) “[n]o cambiar sin autorización del Tribunal la dirección donde manifestó que fijará su residencia […]”; 3) “[a]bstenerse de frecuentar lugares o sitios peligrosos como prostíbulos, bares o zonas de tolerancia y de consumir sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas”; 4) “[p]rohibido asistir a manifestaciones, caminatas, marchas, concentraciones, reuniones, entre otras, de carácter político en razón de la pena accesoria contenida en el Artículo 407 Ordinal 1° del Código Orgánico de Justicia Militar: Inhabilitación Política por el tiempo que dure la pena”; 5) “[n]o relacionarse con personas de dudosa reputación ni inmiscuirse en hechos de carácter delictivos”; 6) “[p]rohibido dar declaraciones a los diferentes medios de comunicación social (impresos, radiofónicos, audiovisuales, entre otros) del caso que se ventiló en la presente causa”; 7) “[e]fectuar estudios en un Centro Educativo de acuerdo a sus posibilidades o mantener un trabajo estable y presentar periódicamente Constancia de Estudio o de Trabajo según sea el caso, ante este Despacho Judicial”, y 8) “[p]resentarse ante este Tribunal Militar los días quince (15) y los últimos de cada mes y si [é]stos caen fines de semana o días feriados, deberá hacerlo los días hábiles anteriores. Igualmente, se le informa que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones es motivo suficiente para REVOCARLE el beneficio aquí concedido”, supra nota 78.

[7] Declaración del señor Francisco Usón Ramírez rendida ante la Corte Interamericana en audiencia pública en el marco del XXXVIII Período Extraordinario de Sesiones, celebrado el 1 de abril de 2009, en Santo Domingo, República Dominicana.

[8] Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros, supra nota 38, párr. 130.


3 comentarios:

Gaviota dijo...

Profesor Bovino,

No me queda claro el alcance del título frente al fallo. Tal vez entendí mal. Ruego una explicación. Gracias.

ABovino dijo...

Estimado Gaviota:

Me olvidé el breve comentario, lo agrego en un post independiente en un rato, gracias por la advertencia.

Saludos,

Bovino

ABovino dijo...

Estimado:

Solo se trata de que la Corte IDH se refirió a la "libertad condicional" como un "beneficio" y no como un "derecho".

En estos temas, cada vez que se utiliza el térmio "beneficio" se lo hace para permitir a la admiistración penitenciaria actuar discrecional y arbitrariamente, sin control judicial.

Saludos,

AB