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18/2/2009

Alberto BOVINO
Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
FACULTAD DE DERECHO – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

(dictamen inconcluso redactado para el Departamento de Derecho Penal y Criminología de nuestra Facultad)


video


DICTAMEN SOBRE PROYECTO DE LEY C.D. 140/03 Y PROYECTO DE LEY S-645/03

I. Introducción

El objeto de este breve dictamen consiste en analizar dos Proyectos de Ley autónomos, pero que en gran medida comparten presupuestos comunes. Por este motivo, este documento está organizado en dos partes. En la primera de ellas se realizará un análisis crítico de la racionalidad, los presupuestos y las propuestas comunes a ambos proyectos.

En la segunda parte, intentaremos señalar los problemas más graves que resultan específicos de cada uno de los dos Proyectos individualmente considerados.

II. El contexto normativo

Ambos proyectos se insertan en un contexto normativo definido principal y especialmente por el nuevo contenido del Título III, Libro II del Código Penal, según el texto de la Ley 25.087 (1).

La profunda reforma que representó el nuevo régimen de los delitos contra la integridad sexual, dejó de lado una regulación injustificable de este tipo de hechos. Sin embargo, más allá de la unanimidad respecto del lenguaje utilizado en el nuevo texto normativo, la ley 25.087 fue duramente criticada en su momento, en un Seminario en el seno mismo del Honorable Senado de la Nación, y posteriormente, en una publicación que recogió parte de la discusión allí generada (2).

El problema más grave de la reforma mencionada, para decirlo brevemente, consistió en haber cristalizado un modelo profundamente represivo, cuyo solo objeto mantiene su atención en aplicar severas sanciones represivas a un grupo reducido y determinable de agresiones sexuales: agresión sexual violenta contra víctima femenina desconocida de moral sexual conservadora, derivada de su previa exposición en lugares de acceso público.

La racionalidad que informa estos Proyectos es, sin dudas, profundizar dicho modelo, pues sólo atiende a facilitar la criminalización, el control omnipresente y la identificación de agresores sexuales ya condenados previamente.

A pesar del terrible olvido del legislador respecto de mecanismos efectivos de protección de las personas victimizadas en hechos de agresión sexual, se insiste en elevar la respuesta represiva sobre los agresores —llegando a límites inimaginables—, dejando en el camino principios y garantías fundamentales y estructurantes del Estado constitucional de derecho (3). En este sentido, también la ley 25.087 vulnera varios principios constitucionales que constituyen principios estructurantes del derecho penal moderno en toda sociedad democrática. Así, la ley 25.087 se olvida por completo de realizar el más mínimo intento por regular mecanismos de protección de los derechos de la víctima de agresiones sexuales en el marco del procedimiento penal.

Independientemente de la absoluta inconveniencia de que —como se demostró en oportunidad de la discusión del Proyecto que terminó convertido en Ley 25.087— se insista en limitarse a regular medidas o políticas meramente represivas, el Congreso de la Nación no puede dejar de lado las exigencias que le ha impuesto el constituyente y, mucho menos, las exigencias que derivan de las obligaciones internacionales asumidas soberanamente por el Estado argentino. En este sentido, tales principios, derechos y garantías determinan el marco de medidas posibles que puede o debe tomar el legislador.

III. Los “Fundamentos” del Proyecto S-645/03

I. En cuanto al Proyecto S-645/03, en sus “Fundamentos” se lee:

“La medida ya está siendo implementada en los Estados Unidos de Norteamérica…”.

Esta sola afirmación permite cuestionar la propuesta legislativa. En primer lugar, veamos qué opinan los expertos estadounidenses sobre el tema. Respecto de la tendencia imperante en los EE.UU. a partir de los años '80, se ha afirmado que “la observación menos discutible que se puede realizar hoy sobre el sistema de justicia penal estadounidense es que éste es altamente inefectivo, absurdamente caro, terriblemente inhumano y plagado de discriminación racial... Pero a pesar de las repetidas fallas e inequidades de la justicia penal, se está pidiendo más de lo mismo” (4).

Mediante el proceso de “politización de la víctima” (5) el movimiento por los derechos de la víctima adoptó una posición decididamente conservadora (6). El estado actual del derecho penal estadounidense ha sido descripto como sigue:

“Como resultado, los ‘derechos de la víctima’ han producido una estructura emergente de derecho penal y procesal penal que se asemeja notablemente al modelo de ‘control del delito’ tan opuesto al pensamiento liberal. Basados en un concepto simplificado de ‘víctima’ y en un concepto inarticulado de 'derechos', los cambios en el procedimiento penal propuestos o desarrollados por el movimiento por los derechos de la víctima son los mismos cambios defendidos por los conservadores durante largo tiempo. Irónicamente, esos cambios pueden hacer poco aun para la restringida categoría de víctimas que dieron significado al símbolo. Además, la manipulación simbólica de la víctima evitó exitosamente un debate más serio sobre cómo el proceso de la justicia penal debe ser estructurado y ocultó el carácter verdaderamente revolucionario de las reformas propuestas. Si las reformas tienen alguna relación con las víctima, y si son deseables, son preguntas aún sin respuesta” (7).

La apreciación que ha hecho uno de los juristas más prestigiosos de nuestro país al respecto de esta política consiste en lo siguiente:

“… porque en los Estados Unidos la demagogia de los líderes políticos y los intereses del empresariado penal, esgrimen su fracaso [de las ideologías resocializadoras] como argumento para fundar su política de reproducción indefinida de cárceles como depósitos de máxima seguridad y lllevar adelante el programa de prisionización masiva que se desarrolla desde hace dos década, y que le ha hecho abandonar sus índices de prisionización estables desde el siglo XIX, para exceder hasta diez veces la tasa de todos los países de las regiones mencionadas…” (8).

Por otra parte, se deja de lado, de manera irresponsable, todo análisis de la posibilidad y las consecuencias que pueden acarrear la importación de mecanismos o instituciones jurídicas de un sistema jurídico a otro, especialmente si tenemos en cuenta no sólo las severas criticas que se hacen al modelo estadounidense sino, además y especialmente, el hecho de que se trata de un país con una tradición jurídica diferente —common law— (9).

II. En los mismos “Fundamentos”, recurriendo de manera supuestamente emotiva a una víctima concreta (10), esto es, a un caso real, se afirma:

“Me encuentro desde ese mismo año, señor presidente, luchando sin pausa, por la sanción de una ley como la que ahora estoy nuevamente proponiendo ante este Senado de la Nación”.

Como si esa reacción visceral justificara la propuesta. A continuación, el autor del proyecto comentado mezcla de manera confusa conceptos como “reincidencia”, “prevención”, “psicopatías”. He aquí uno de los problemas de su propuesta, si estamos frente a un psicópata, todo su esquema represivo resulta inadecuado.

La prevención de estos delitos, sin dato objetivo alguno que justifique tales aseveraciones, se obtendría poniendo en conocimiento de toda la comunidad cierto tipo de antecedentes penales de personas que nuestro ordenamiento jurídico define como plenos sujetos de derecho. Yo le preguntaría al autor del Proyecto si la comunidad no tiene el mismo derecho respecto de los torturadores, de los autores de hechos de corrupción, de los autores de privaciones ilegales de libertad, de los apropiadores de menores, de los homicidas, etcétera, etcétera, etcétera.

IV. La estructura del Proyecto S-645/03

El esquema que establece este Proyecto es el siguiente:

• Se crea un registro especial en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencias para guardar los datos personales, fotografías y registros de ADN de las personas condenadas por cualquier delito contra la integridad sexual (art. 1).

• La información del Registro debe ser comunicada a la Policía Federal y a las policías provinciales, con el objeto de “instrumentar un sistema de notificación y provisión de esos datos a sus respectivas seccionales, los que estarán a disposición del público, con el objeto de que los vecinos puedan tomar notas de sus constancias…” (art. 1).

• Las fotografías se pondrán en un sitio especialmente creado “por el Registro Nacional de Reincidencias “para su consulta por parte de la ciudadanía, el que será considerado de interés público, a tenor de su función preventiva” (art. 1).

• En caso de reincidencia o en supuestos en los cuales “la naturaleza del delito sexual” lo justifique, luego de un informe de dos profesionales, los tribunales de todo el país “podrán declarar al condenado ‘delincuente sexual peligroso’…” y ordenar que tal declaración más su historial delicitivo integre los datos del registro (art. 3).

• Obtenida la libertad condicional, cumplida íntegramente la pena, o impuesta la condenación condicional, la persona deberá: a) cumplir, desde el día de su libertad y por un tiempo igual al de la condena, con las reglas del art. 13 y 27 bis que le sean impuestas; b) asumir el deber de notificar al tribunal competente y a las autoridades policiales, dentro de 48 horas, de todo cambio de domicilio; y c) registrarse mensualmente ante las autoridades policiales del lugar de su nueva residencia.

• Se agrega al artículo 13 —libertad condicional— el inciso 6 de “someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia”.

• Por último, se establece el “derecho” del interno a gozar de programas de rehabilitación y tratamiento, “incrementándose su aplicación en los momentos de cercanía a las excarcelaciones”. Los programas, que tendrán en cuenta “la peligrosidad del interno”, deberán consistir, mínimamente, en “apoyo terapéutico, chequeos de control… y en técnicas de modificación de conductas…” incluyendo “la posibilidad de aplicación de tratamiento farmacológico” (art. 6).

V. La estructura del Proyecto C.D. 140/03

El esquema que establece este Proyecto es el siguiente:

• Creación del “Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales” en el cual “se asentarán los datos personales de los condenados” por agresiones sexuales, y “se complementarán con las correspondientes fotografías actualizadas y un Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales (RIGAS)” (art. 1).
• Los datos de este Registro “serán actualizados y comunicados mensualmente al Ministerio Público Fiscal” (art. 1).

• Frente a solicitud de cualquier “persona mayor de edad que exprese un interés legítimo”, el MP puede pedir un informe al Registro, que deberá ser evacuado en 48 horas (art. 2).

• Se agrega al artículo 13 —libertad condicional— el inciso 6 de “someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia”.

• Obtenida la libertad condicional, cumplida íntegramente la pena, o impuesta la condenación condicional, la persona deberá: a) cumplir, desde el día de su libertad y por un tiempo igual al de la condena, con las reglas del art. 13 y 27 bis que le sean impuestas; b) registrarse cada 90 días; y c) asumir el deber de notificar al tribunal competente, dentro de 48 horas, de todo cambio de domicilio. El tribunal comunicará al Registro todo cambio de domicilio o el incumplimiento de la obligación de registrarse (art. 4).

• La realización del examen genético y su remisión al Registro serán ordenadas por los tribunales competentes como pena accesoria (art. 5).

• Se ordenará judicialmente la incorporación al Registro de la información de autores ignorados (art. 6).

• Los registros serán de contenido reservado, pero podrán ser suministrados en los siguientes supuestos: a) a los tribunales de todo el país; b) cuando las leyes nacionales y provinciales lo determinen; c) a los Comandos en Jefe de las FFAA, y cualquier policía, para cubrir necesidades de investigación; d) a autoridades extranjeras; y e) cuando lo dispusiere el Ministerio de Justicia de la nación a solicitud fundada de cualquier autoridad nacional o provincial (art. 7).

• La información sólo podrá ser dada de baja por muerte del condenado, o pasados cien años desde su fecha de nacimiento. La información referida a autores ignorados será dada de baja transcurrido el plazo de prescripción de la ley penal (art. 8).

• Se les concede valor probatorio que da “plena fe” a la información del Registro (art. 9).

• Se prohíbe todo uso de la información del Registro distinto al de “la identificación de personas en investigación penal determinada” (art. 11).

VI. Críticas aplicables a ambos Proyectos

VI. 1. Carácter penal de las medidas previstas en los Proyectos

En primer término, es necesario destacar que las medidas de conservación de fotografías, datos personales e información genética de personas condenadas por los delitos contra la integridad sexual son penas. En este aspecto, debemos considerar dos circunstancias autónomas que tornan indiscutible el contenido sancionatorio y punitivo de este tipo de medidas.

Así, resulta claro el texto del art. 5 del Proyecto C.D.-140/03, cuando define la obligación del tribunal de ordenar la obtención y posterior remisión de la información al Registro como pena accesoria en casos de condena por delitos contra la integridad sexual.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el carácter penal de una consecuencia jurídica no deriva de la designación que le atribuya el legislador sino del contenido de la consecuencia de que se trate. En este sentido, ZAFFARONI señala que para determinar si estamos ante una pena se debe tener en cuenta que ésta es:

“… (a) una coerción, (b) que impone una privación de derechos o un dolor y (c) que no repara ni restituye (d) ni tampoco detiene lesiones en curso ni neutraliza los peligros inminentes” (11).

Como pena, por otra parte, se trata de una clara manifestación de derecho penal de autor, prohibida por nuestra Constitución Nacional, que establece un régimen indudable de derecho penal de acto —al igual que los instrumentos internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional conforme el art. 75, inc. 22, CN—. La sola denominación de una persona condenada por un delito contra la integridad sexual como “agresor sexual” implica una violación al principio de derecho penal de acto, de rango constitucional.

Téngase en cuenta que el art. 1 del Proyecto C.D.-140/03 hace referencia a la creación de un “Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales”. Por su parte, el art. 3 del otro Proyecto establece que los tribunales “podrán declarar al condenado ‘delincuente sexual peligroso’…” y ordenar que tal declaración más su historial delictivo integre los datos del registro.

Más allá de la flagrante contradicción de estas medidas, propias de un derecho penal de autor, se debe tener en cuenta que si se trata de prevenir, atribuirle legalmente a una persona condenada por un hecho concreto la calidad de “agresor” o “delincuente”, en el mejor de los casos, actuará como un incentivo para la reincidencia. La criminología de la reacción social, a través del enfoque del etiquetamiento —labeling approach— da cuenta de este fenómeno.

En este punto, es de crucial importancia recordar la doctrina establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido sumamente clara desde sus primeras decisiones respecto a los límites que supone el ejercicio del poder penal del Estado:

“Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana” (12).

Sobre este punto, ZAFFARONI incluye medidas como las propuestas en ambos Proyectos como pena prohibidas constitucionalmente. En este sentido, señala:

“2. En función del inciso 22 del art. 75 está expresamente prohibida la tortura, no sólo en sentido estricto —cuando se imponga para obtener información— sino el sentido amplio, o sea, cuando impone una pena, dado que se le define internacionalmente como un acto que inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de castigarla por un acto que haya cometido o que se sospeche que haya cometido (art. 1º de la Convención contra la tortura, ley 23.338 del 26 de febrero de 1987). Por aplicación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre quedan prohibidas las penas infamantes o inusitadas (art. 26), por lo cual debe considerarse que queda prohibida la picota y toda pena que tenga por objeto o importe agregar más descrédito público que el provocado por la comisión del delito…” (13).

VI. 2. Falta de fundamentos legítimos para duplicar la pena

Otro punto abiertamente inconstitucional que comparten ambos proyectos consiste en la imposición de un cúmulo de obligaciones y el deber de reportarse periódicamente, más allá de la imposición de reglas de conducta de claro contenido preventivo especial por el doble del tiempo de la condena. Esta circunstancia, en sí misma, no sólo vulnera el principio de proporcionalidad entre hecho y sanción sino, además y especialmente, el principio de igualdad ante la ley y el principio de derecho penal de acto.

En efecto, ambos proyectos prevén que, en todos los casos, y sin más justificación que la decisión política del legislador, la persona condenada por un delito contra la integridad sexual, a diferencia del resto de los condenados por los demás delitos, sufran una sanción adicional equivalente al tiempo por el cual han sido condenados y han cumplido su pena.

Así, por ejemplo, no existiría impedimento legal alguno para imponer la regla de conducta prevista en el art. 27 bis, inc. 8, CP, de “realizar trabajos no remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo”, por un período máximo de 25 años —v.gr., si la persona fue condenada a 25 años de prisión por el delito previsto en al art. 124 del Código Penal, que prevé pena privativa de libertad de quince a veinticinco años.

En este aspecto, más allá de lo absurdo, cabe recordar que estamos restringiendo derechos fundamentales, de jerarquía constitucional, y, por lo tanto, se debe cumplir con determinadas exigencias. Por este motivo, es que no se puede dejar de lado las exigencias constitucionales y, especialmente, las exigencias del derecho internacional:

“Las restricciones que se impongan al ejercicio de los derechos humanos deben establecerse con arreglo a ciertos requisitos de forma —que atañen a los medios a través de los cuales se manifiestan— y a condiciones de fondo —representadas por la legitimidad de los fines que, con tales restricciones, pretenden alcanzarse—.

La norma general de la cual derivan estas pautas y criterios proviene del artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone que ‘en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática’.


Del análisis de las normas en cuestión surge que la primera exigencia a satisfacer es que la restricción esté prescripta por ley, lo que supone una norma de aplicación general que debe compadecerse con el respeto al principio de igualdad, no debe ser arbitraria, ni insensata ni discriminatoria [nota omitida].


Tanto el tratado regional americano como el europeo establecen que para que una restricción sea aceptada debe ser ‘necesaria en una sociedad democrática’. La interpretación imperante corresponde a la Corte Europea, la que determinó que ‘necesario’ en este contexto no tiene la flexibilidad de otras expresiones como ‘útil’, ‘razonable’ o ‘deseable’; sino que implica la existencia de ‘una necesidad imperiosa’ (pressing social need) que justifique la interferencia [nota omitida], reconociendo, sin embargo, a las autoridades, el ‘margen de apreciación’ para su valoración. El ámbito de este ‘margen de apreciación’ depende de la naturaleza del fin protegido con la restricción y de la naturaleza de las propias actividades implicada [nota omitida].


En este sentido, cuando la Corte Interamericana ha explicitado el alcance del principio pro homine en relación con las restricciones de los derechos humanos, ha expresado que ‘entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido... Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo’ [nota omitida]” (14).

VI. 3. “Fiabilidad” del método de registro

Más allá de que la incorporación de los datos requeridos por ambos Proyectos revisten el carácter de pena, resulta obvio que una de sus finalidades consiste en prevenir futuros comportamientos de agresión sexual por parte de quienes han resultado condenados por un delito contra la integridad sexual. Lo más cuestionable es que los Proyectos ni siquiera limitan el registro de esos datos cuando han sido obtenidos en la investigación de un hecho concreto, sino luego de la condena. Ello presupone que se imponen medidas represivas por eventuales comportamientos futuros que no han sido cometidos.

En este sentido, es necesario destacar que desde las mismas disciplinas del comportamiento se cuestiona hoy la supuesta fiabilidad de tales evaluaciones. En este sentido, es interesante señalar que se sostiene que los parámetros de “conducta observable” que estas evaluaciones consideran son absurdos, no sólo pues no tienen en cuenta que el interno tiende a simular comportamientos que se suponen adecuados para el observador sino, además, porque en muchas ocasiones se toman en consideración parámetros arbitrarios, que no existen como exigencias para el hombre libre —v. gr., hacerse la cama, ir bien vestido, lavarse los dientes— (15). Luego de otras atinadas observaciones, que van mucho más allá de estos ejemplos, se sostiene:

“Así pues, seguir, hoy por hoy, contando con la noción de predictibilidad denota la pervivencia de concepciones sustancialistas y deterministas del ser humano. Seguir contando con la posibilidad de pronosticar comportamientos individuales carece de base teórica y procedimiental, y supone permanecer anclados en unas pretensiones que ya perdieron su soporte epistemológico” (16).

Al mismo tiempo, se reconoce la dificultad de que la intervención tratamental prescinda de los pronósticos, pues “supondría renunciar a un fundamental sistema de dominio de la población penitenciaria” (17). A pesar de ello, los jueces de ejecución no pueden dejar de lado las carencias de estos informes “técnicos” que determinan en significativa medida el contenido concreto de la pena que debe cumplir la persona condenada en cualquier resolución que se refiera a estas cuestiones. Por otra parte, la evidencia empírica hoy indica, sin duda alguna, la inmensa tasa de error de estos pronósticos, tanto cuando son formulados por los técnicos del comportamiento como también cuando son producto exclusivo de decisiones judiciales.

A partir de aquí ver este post.

[Comentario agregado] Es necesario aclarar que este Dictamen quedó incompleto por falta de tiempo. De todos, creemos que el Departamento lo remitió de manera informal a algunos legisladores.

NOTAS

(1) Promulgada el 7/5/99 y publicada el 14/5/99.

(2) El Seminario “Las mujeres en el derecho penal”, fue realizado el 23/10/98 en el SENADO DE LA NACIÓN. Ver, por ejemplo, BOVINO, Alberto, Delitos sexuales y justicia penal; LARRANDART, Lucila, Control social, derecho penal y género; ZAFFARONI, Eugenio R., El discurso feminista y el poder punitivo, todos publicado en AA.VV., Las trampas del poder punitivo. El género del derecho penal, Ed. Biblos, Buenos Aires, 2000, ed. a cargo de Haydeé BIRGIN.

(3) Cf. BOVINO, Alberto, Delitos sexuales y justicia penal, citado.

(4) Cf. ROTHMAN, David J., The Crime of Punishment, en “The New York Review of Books”, 1994, nº XLI-4, p. 34.

(5) Cf. HENDERSON, Lynne N., The Wrongs of Victim's Rights, en “Stanford Law Review”, 1985, vol. 37, p. 948. Los conservadores usaron la figura de la víctima como un símbolo político efectivo, definiéndola como una figura virtuosa cuyos derechos e intereses podían ser usados para contrarrestar los derechos del imputado (p. 949).

(6) Cf. HENDERSON, The Wrongs of Victim's Rights, cit., p. 951.

(7) HENDERSON, The Wrongs of Victim's Rights, cit., p. 953.

(8) ZAFFARONI, Eugenio R.; ALAGIA, Alejandro; y SLOKAR, Alejandro, Derecho penal. Parte general, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 892.

(9) Al respecto, resulta sumamente ilustrativo LANGER, Máximo, La dicotomía acusatorio-inquisitivo y la importación de mecanismos procesales de la tradición jurídica anglosajona. Algunas reflexiones a partir del procedimiento abreviado, en AA.VV, El procedimiento abreviado, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2001, especialmente ps. 123 y siguientes.

(10) Este recurso parece indicar que quienes proponemos medidas diferentes, que pretenden dar protección a las eventuales víctimas pero sin afectar derechos fundamentales de las demás personas, no resultamos conmovidos por actos atroces como, por ejemplo, la violación de una niña de corta edad.

(11) ZAFFARONI, ALAGIA; y SLOKAR, Derecho penal. Parte general, cit., p. 43.

(12) Corte IDH, Caso Velázquez Rodríguez, 29/7/88, Serie C, Nº 4, párrafo 154.

(13) ZAFFARONI, ALAGIA; y SLOKAR, Derecho penal. Parte general, cit., ps. 881 y siguiente.

(14) PINTO, Mónica, El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos, en AA.VV., La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1997, ps. 166 a 170.

(15) Cf. GARCÍA BORÉS, Josep. M., El pronóstico: la necesidad de un autoconvencimiento, en AA.VV., Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales, cit., ps. 104 y siguiente.

(16) GARCÍA BORÉS, El pronóstico: la necesidad de un autoconvencimiento, cit., p. 208.

(17) GARCÍA BORÉS, El pronóstico: la necesidad de un autoconvencimiento, cit., p. 208.

5 comentarios:

Fran N. Ferrón dijo...

No se, parece mejor ponerles un sello en la frente con una (V). Digo en la frente y no el brazo porque la idea me la robaron los Nazis, y en la frente además se ve mejor.

Más allá de las consideraciones legales, que comparto plenamente, me parece que es un proyecto similar a la creación del tren bala. Es decir, una inversión económica muy importante para sólo identificar sospechosos, porque si vamos al caso no es sólamente dictar un "creese el registro de violadores", sino que se estaría importando todo un sistema de persecución penal de un "primer" mundo, maquinas para procesar los datos, programas para lo mismo, químicos, capacitación de personal, etc. Cuando en lo que en realidad menos se debería invertir es en generar más dolor. (¿?)

Pero bueno, son las brillantes ideas de nuestros legisladores.

Saludos,

ABovino dijo...

Fran:

No sólo nuestros legisladores. Un reciente presidente de la Corte, que generó una cláusula constitucional en la reforma del 84, cláusula quelleva su nombre, escribió a favor de la "esterilización de los delincuentes".

Saludos,

AB

Anónimo dijo...

Maestrooooo!!!! jajaja... excelente el video, ya se lo estoy mandando al Diputado Enriquez para ver qué se puede hacer.

Quépena que no finalizaras el informe. Está espectacular

MJ

Karina Andrade dijo...

mortifero!!!!!! digo, el video, jaja que loco estas, beso. Pago por ver el detras de escena de ese video!!!!

ABovino dijo...

LOco por el video? Debe ser lo más normal que he hecho. Ahora haré una segunda versión a ver qué te parece.

Saludos,

AB

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