te lo advertimos...

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25 feb. 2008

CUANDO NO ES SÍ

¿QUÉ ESTA DICIENDO CATUCCI?




ESTÁ DICIENDO QUE SE DEBE EXCUSAR POR LA AFECTACIÓN MORAL QUE LE HA PRODUCIDO EL RECUSANTE (¿QUIÉN HABRÁ SIDO?)




¿Y QUÉ DICEN SUS DOS COMPAÑERITOS?

QUE EL HECHO DE QUE CATUCCI HAYA MANIFESTADO SU NECESIDAD DE APARTARSE POR VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD DEMUESTRA, AUNQUE USTED NO LO CREA, SU IMPARCIALIDAD.

¿YO ESTOY MUY LERDO O ESTO NO CIERRA POR NINGÚN LADO?

AB

PS: JA, éste es el texto que te decía. no encuentro tu correo.

Veamos un poco más de lo mismo en dos resoluciones ya bastante viejas.

La primera resolución fue pronunciada por un tribunal de juicio del fuero penal económico. En este caso, uno de los jueces plantea su inhibición debido a que, como miembro de la cámara de apelación, concurrió a revocar la absolución y dictar sentencia condenatoria respecto de la coautora y por el mismo hecho que llega a la instancia de juicio oral, ahora respecto al coautor del hecho. La fundamentación con que Cortelezzi solicita su inhibición es suscinta y dice: "Por tratarse de los mismos hechos sobre los que me he expedido a favor de la configuración del delito en la sentencia dictada respecto a Stocalin, entiendo que es procedente mi inhibición pese a no estar específicamente prevista dentro de los motivos que enuncia el art. 55 del CPP y, conforme a la amplitud con que deben interpretarse dichas causales en el caso de que la inhibición sea propuesta por los jueces".

El tribunal, por su parte, luego de sostener que el inhibido no ha prejuzgado respecto del caso que llega a juicio oral —razón por la cual no comparte el criterio sustentado por quien solicita su inhibición— decide aceptarla "por razones de delicadeza personal y para evitar una violencia moral, pese a que no han sido expresamente invocadas".

La decisión señala claramente cuál es la visión del problema: no se trata de la garantía del imputado, sino de la "delicadeza personal" o la "violencia moral" del juez. En este marco de interpretación, la garantía no opera a favor de aquel a cuyo favor ha sido establecida, sino para evitar que se afecte la delicadeza de la persona del juez.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional Federal Nº 2, por su parte, en la causa Nº 2, "Escalante Cortez, Pedro s/Ley 23.737", rechazó el pedido de inhibición de uno de sus miembros -Pons-, quien la solicitara por haber dictado, como juez de instrucción, la prisión preventiva del imputado. Sin embargo, los otros dos miembros del tribunal -Velasco y Mugaburu- rechazaron la inhibición. En la resolución, se afirma, en primer lugar, que desde el punto de vista del derecho positivo no existe causal que justifique el apartamiento, por lo que cabe concluir que el legislador no ha considerado esta situación como lesiva de la garantía constitucional del debido proceso. A ello se agrega que no ha sido invocada la violencia moral, razón por la cual no se acepta el apartamiento. Para finalizar, se destaca que la delicadeza y el profundo sentido ético de quien solicita su inhibición no hace más que confirmar la inalterabilidad de su imparcialidad para juzgar el hecho.

La resolución merece, al menos, las siguientes críticas: a) se identifica al derecho positivo con el articulado del CPP; b) se coloca, exclusivamente, en manos del legislador la decisión sobre si el supuesto alegado implica o no una violación del debido proceso y de la garantía de imparcialidad; c) se rechaza la inhibición, entre otras razones, porque no se invocó la "violencia moral" que, en los propios términos del tribunal, tampoco constituye "derecho positivo", sin explicar por qué cabe dejar de lado lo dispuesto por el CPP cuando se trata de la violencia moral del magistrado y no en otros supuestos que claramente afectan su imparcialidad; d) se confunde la honorabilidad del magistrado con su imparcialidad frente al caso concreto, vinculándose, de este modo, las causales de apartamiento con un reproche al juzgador; y e) peor aún, se confunde, como en el caso anterior, una garantía del imputado, que funciona de pleno derecho, esto es, advertida de oficio por los jueces, con un problema del juez -de él mismo- y ello a pesar de la consideración del propio juez que advirtió su afectación.

¿Aplicará la CSJN la doctrina de "Llerenas" a estos supuestos?

AB

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